Integrantes del Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para las Mujeres (OCCEJUM), condenaron el decreto emitido por el Fiscal General de Oaxaca que sitúa a los Centros de Justicia para las Mujeres de Oaxaca subordinados a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género.
Organizaciones como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Ni una Más y Justicia para las Mujeres, exponen que la decisión sitúa a los Centros de Justicia para las Mujeres en un lugar más abajo en la estructura organizacional del estado de Oaxaca.
Lo cual, exponen, constituye un desafío a la operación de los mismos y limita su acción de vinculación con el resto de Centros de Justicia del país.
Detallan que la naturaleza de los Centros no es la investigación de delitos, sino la vinculación interinstitucional con el resto de dependencias de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado para la atención de la violencia contra las mujeres y niñas.
Recuerdan que el pasado 25 de abril de este año se publicó en el Periódico Oficial del Órgano de Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el decreto emitido por Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general de Oaxaca, en el que reforma diversos artículos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Añaden que dentro de estos cambios se establece en los artículos 125 y 127 que los Centros de Justicia para las Mujeres, que antes dependían de la Fiscalía General, ahora dependen de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género.
Asimismo, llaman la atención que, justo en el marco de la investigación previa al decreto de la Alerta de Género en Oaxaca, lejos de fortalecer a los Centros de Justicia para las Mujeres, se les debilite, contrario a lo ordenado por la sentencia del Campo Algodonero contra el Estado Mexicano, alertan.
Desde su experiencia para que un Centro de Justicia para las Mujeres cuente con fortaleza institucional y así puedan garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que acuden a éstos, los Centros deben tener una ubicación estratégica y relevante en el organigrama gubernamental, situación que, actualmente, no ocurre en el caso de Oaxaca.
Al contrario, la decisión que hace que dependan de una Fiscalía Especializada limita su inclusión en la toma de decisiones y el impacto de sus acciones como política integral a nivel estatal, subrayan.
En este sentido, como Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para las Mujeres solicitan al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, a que emita un decreto que vuelva a situar a los Centros de Justicia para las Mujeres bajo la dirección de dicha Fiscalía.
Esto dotaría a los centros de fortaleza institucional, lo cual favorecería las condiciones para brindar mejores servicios a las mujeres que acuden a éstos y así mejorar su acceso a la justicia, cierran las organizaciones de la sociedad Civil.
