Exigen castigo por múltiples fraudes

Afectados por los delitos de captación irregular de recursos, previstos en la Ley de Instituciones de Crédito, Joaquín y Micaela, de esta ciudad de Huajuapan, exigen castigo al saber que fueron aprehendidos los involucrados por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR).
La instancia, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) en la Delegación Estatal Oaxaca, ejercitó acción penal en contra de ambos el jueves pasado.
La información oficial establece que se cumplimentaron 53 órdenes de aprehensión contra estas personas, las cuales fueron libradas por los Jueces Sexto y Séptimo de Distrito, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca.
En el mes de julio de 2012, se cumplió la misma cantidad de órdenes de aprehensión y por los mismos delitos, a Cuauhtémoc, quien actualmente se encuentra internado en el Centro Federal de Readapatación Social número 13, de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Cabe destacar que el 5 de junio de 2015, defraudados de la región Costa arribaron a esta ciudad de Huajuapan con la finalidad de apoderarse de tres inmuebles ubicados en la calle Valerio Trujano y dos en Morelos.
La representante legal de los defraudados de Corporativo Azteca provenientes de la Costa, Edith Santibáñez Bohórquez, dio a conocer en aquel entonces que tras un proceso legal en los tribunales iniciado en 2010, los tres inmuebles propiedad del presunto responsable del fraude, habían sido embargados y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio posesión legal de las propiedades a los afectados.
Se trata de un fraude en contra de alrededor de 400 personas de San Pedro Pochutla y Puerto Escondido a los que se sumaron posteriormente otras personas de la región Mixteca, a quienes presuntamente defraudaron con 80 millones de pesos, que tenían ahorrados en el Corporativo Azteca.
Asimismo, debido a los perjuicios en contra de cientos de ahorradores de “Finazteca Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada”, ésta solicitó en marzo de 2013 la intervención del Poder Ejecutivo del Estado, debido a que no existe Tribunal competente para demandar al titular del Poder Judicial del Estado, a quien atañen la responsabilidad de daños ocasionados a los mismos por lo que pedían un monto de 123 millones 529 mil 613 pesos con 95 centavos.
En la solicitud girada ante el gobierno estatal, se especifica que dicha cantidad es por los daños causados en el desempeño de su función pública, la cual está reconocida en forma expresa por el propio Tribunal Superior de Justicia, a causa del incendio de su edificio.
Y es que fueron quemados después del proceso de separación de Caja Azteca Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de la que surgió Finazteca Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada.
Dentro de los títulos de créditos y documentos que fueron quemados, el responsable de esta institución de ahorro y crédito informó que se encontraban 204 pagarés originales por diversas cantidades de dinero suscritos por diversos deudores, un convenio sobre otorgamiento de créditos a la Institución denominada Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), y un Instrumento Notarial número 25 mil 710 relativo a un contrato Hipotecario por un monto de 300 mil pesos.
Dichos documentos fueron enviados para concluir el último trámite que consiste en la Legalización de la firma del juez que autoriza la Subrogación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, trámite que después de mucho tiempo, como respuesta obtuvieron una negativa a poder devolver dichos documentos, toda vez que los mismos fueron destruidos por el incendio del edificio que albergaba la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ubicado en Avenida Independencia esquina con Avenida Juárez, de la ciudad de Oaxaca.
Dicha demanda fue interpuesta por Joaquín, quien en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Finazteca S. C. de R. L., de acuerdo a información ahí contenida, fue acusado por el delito de fraude en perjuicio de ahorradores.