Representantes de la asociación civil Unidos para Servir al Mercado Ingeniero Víctor Bravo Ahuja acusaron públicamente a un grupo de locatarios de despojar del inmueble a las propietarias del mismo y de iniciar una campaña de difamación y desprestigio en su contra.
A unos días de que en el mercado fuera dejado un paquete con una cabeza de cerdo y un mensaje en ella, los abogados también exigieron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que investigue y aclare el hecho.
“Hay un grupo de locatarios que son de reciente incorporación, algunos que llevan 3 o 4 años. Hay un profesor que los ha azuzado y se han adueñado del mercado y con violencia corrieron a las señoras que han administrado el mercado”, explicó Romeo González.
El abogado de Punto de Enlace Jurídico, ente que lleva el caso, refirió que el mercado ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino es propiedad de la asociación que integran Paulina Flores Hernández, Aidee Peña Caballero y Eufemia Méndez Cabrera. Y que por ello les pertenece el mercado en donde han trabajado por más de 50, 40 o 30 años.
A decir del abogado, el área que ocupa el mercado les fue entregada a las propietarias mediante un acta de concesión ejidal, entregada el 15 de julio de 1989 por ejidatarios. Posteriormente, se regularizó el terreno ante la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, mediante un contrato de compraventa, con lo que lograron una escritura en julio de 2003.
A casi dos meses del primer hecho violento en el inmueble, suscitado en noviembre, representantes de las presuntas propietarias del mercado señalaron que fue en julio de 2020 cuando el nuevo grupo (o asociación) despojó de manera violenta a las propietarias.
Y que desde entonces se ha dedicado a desarrollar una campaña de difamación, además de que “no pueden tomar el control del mercado porque es propiedad privada”.
Sin embargo, esperan que luego de las denuncias presentadas ante la Fiscalía se resuelva el conflicto y se reconozca la propiedad del mercado. Asimismo, hicieron un llamado al gobernador del estado, Alejandro Murat y al fiscal Rubén Vasconcelos para que se conceda justicia y cesen los actos de violencia en contra de las propietarias.
