Yésica Sánchez Maya, integrante de la coordinación directiva de la asociación Consorcio Oaxaca, señala que la dependencia del Centro de Justicia para las Mujeres en Oaxaca de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGEO) es un error. Y que esto ha llevado a una especie de apropiación, a la vez que ha mermado la atención a las mujeres víctimas de violencia.
“En el marco de la pandemia tenemos un amontonamiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género con el Centro de Justicia”, señaló Sánchez Maya durante la presentación de Violencia en espera de atención, el informe del Observatorio Ciudadano de Centros de Justicia para las Mujeres.
Para Sánchez, integrante de una de las dos organizaciones de Oaxaca que es parte del observatorio, la ubicación del Centro en el interior de la Fiscalía genera confusión. “Las mujeres que llegan o han llegado al Centro de Justicia no se sabe si entran al Centro o a la Fiscalía”.
Asimismo, que Rubén Vasconcelos Méndez, titular de la FGEO, tiene un enfoque confuso y eso lo hace ver al Centro de Justicia como un apéndice de la dependencia y no como una instancia para canalizar a las mujeres víctimas de violencia.
Además de que ello ha mermado la función y eficacia de los centros de justicia, tanto el que se ubica en la región Valles Centrales como en la región Istmo. En este último, indicó que se desconoce la formación de su titular.
“Hay una obstaculización de enfoque”, refirió Sánchez Maya durante la presentación del informe sobre el funcionamiento de los centros de justicia en el país durante los primeros 100 días de la pandemia.
En el caso de Oaxaca, el documento señala que se detectaron fallas como el que se ha condicionado el ingreso a él mediante el acompañamiento de una organización. O la falta de personal con formación en materia o perspectiva de género.
Lo anterior, según explicó Angélica Ayala, del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, revictimiza a las mujeres y las desalienta en la búsqueda de justicia, pues se les pide pensar en sus hijos o en la pareja. Asimismo, le limita y obstaculiza el acceso a los centros, cuando se pide como requisito el ir con alguna organización defensora de derechos humanos como respaldo.
Para Sánchez Maya, el Centro de Justicia tiene que ser independiente de la FGEO, tanto en patrimonio como en acción. Y que para tal efecto, la posibilidad que observa es que pase a depender de la Secretaría General de Gobierno u otra instancia, pero no dependiente de la fiscalía, pues señala que el enfoque del fiscal es “machista y que está generando una serie de obstáculos para la implementación del modelo” para el Centro de Justicia.
