Un hombre identificado como F.C.P. fue detenido en la región de la Sierra Sur de Oaxaca. Luego de que una autoridad judicial emitiera una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación agravada equiparada, en perjuicio de una niña de ocho años de edad.
Los hechos ocurrieron en dos fechas distintas, el 9 y el 17 de diciembre de 2024, al interior de un domicilio particular ubicado en la calle Independencia del Barrio Segundo, en el municipio de San Luis Amatlán, perteneciente a Miahuatlán de Porfirio Díaz.
La víctima permanece bajo resguardo legal
La víctima, cuya identidad está protegida por ley, fue atendida conforme a protocolos especializados para niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar su seguridad física y emocional durante el proceso judicial. Las diligencias se llevaron a cabo considerando enfoque de género y derechos de la infancia.
Tras conocerse la denuncia, se inició la carpeta de investigación correspondiente. Durante el proceso, se recabaron pruebas periciales, testimoniales y médicas que sustentaron la solicitud judicial de orden de aprehensión. Una vez concedida, agentes investigadores detuvieron al imputado. Quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para su certificación médica e inicio del proceso legal correspondiente.
El proceso judicial continuará conforme al marco legal vigente
El imputado será presentado ante el juez de control, quien determinará en audiencia su situación jurídica. El delito por el que se le acusa se encuentra tipificado como grave en el Código Penal del Estado de Oaxaca, y en caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de prisión considerable, conforme a la ley vigente en materia de delitos sexuales contra menores.
Violencia sexual infantil en zonas rurales
Este caso se suma a las investigaciones abiertas por delitos de abuso y agresión sexual infantil en regiones del estado. En comunidades rurales, como San Luis Amatlán, se enfrentan barreras sociales, geográficas y estructurales para la denuncia y atención de estos delitos.
Por ello, especialistas insisten en la necesidad de reforzar las redes de protección y los mecanismos de acceso a la justicia para niñas y niños.