Luego de que en las últimas semanas se dieran a conocer nuevos intentos por realizar obras en el Cerro del Crestón, el Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO), activistas independientes y ciudadanía exigió a las autoridades estatales y municipales redefinir con señalética el área natural protegida, según los decretos de 1937 y 1992.
La falta de delimitación, indicaron, ha propiciado que personas de origen extranjero y con alto poder adquisitivo tengan propiedades en lo que debería de ser empleado con fines de reforestación u otros objetivos marcados en los decretos. Sin embargo, fue durante el recorrido por este cerro donde el llamado y reconocimiento de parte del perímetro terminó con el disgusto de habitantes del mismo, quienes alegaron tener sus propiedades en terrenos de tipo ejidal. Asimismo, en agresiones hacia ambientalistas, como denunciaron estos últimos.
En el sitio se observaron delimitaciones con postes de concreto, desechos de rumiantes, basura y varios letreros de venta de terrenos. Incluso, los inicios de la construcción de un tanque elevado por parte de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO).
Para Gerardo Aldeco Pinelo, presidente del COAO y del Consejo Ciudadano Municipal de Medio Ambiente, en años pasados ha sido la misma autoridad municipal la que ha autorizado el apeo y deslinde de terrenos en la zona. “Lo que hicimos fue detener el apeo y deslinde”, apunta. Sin embargo, el año pasado volvió a presentarse la situación.
En el área —de acuerdo con Aldeco— se estiman entre 30 y 50 las construcciones privadas en la zona, así como la apertura de brechas y lotificaciones. Asimismo, como indicaron sus compañeros Nazario García y el activista Arnoldo Dámaso, la construcción del tanque por parte de SAPAO da pie a la invasión de la zona. “El otro problema es que cuando empiezas a dar acceso a estratos sociales altos, la zona se vuelve exclusiva para unos cuantos”.
ABREN PROCEDIMIENTOS POR INVASIÓN
Ernesto Ruiz, subsecretario de normatividad de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), explicó que a la fecha existen siete procedimientos en la secretaría por obras en el área natural protegida. Entre estas la del tanque elevado a cargo de SAPAO.
“Es una obra que significa beneficio social y como tal la ley no nos establece que no esté permitido”, indicó previo al recorrido. Sin embargo, subrayó que a pesar de ser de beneficio social “no significa que la secretaría le haya permitido hacer la obra sin autorización”, apuntó.
Asimismo, que “tiene un procedimiento administrativo” y “va a obtener su autorización en materia de impacto ambiental, también va a tener sus medidas de compensación ambiental”.
Durante el recorrido donde la autoridad municipal estuvo ausente, el funcionario explicó que este es la primera acción encaminada a señalar cuál es el perímetro del área natural protegida y su aprovechamiento y protección. Pero que “hay situaciones que ya no se pueden resolver de manera práctica sino jurídica”.
Hasta ahora, dijo, en Oaxaca aún no se tienen tipificados los delitos ambientales, y que por ello se está trabajando en eso con el congreso local para que se consideren. No obstante, “hay delitos ambientales federales”.
Aunque se excusó en la falta de equipo y recursos para hacer recorridos de vigilancia, llamó a la corresponsabilidad de la sociedad, a fin de denunciar los casos de invasión. Unas ciudadanas que acudieron al recorrido explicaron que si bien se pide denunciar, estas no siempre se concretan o se les da seguimiento, pues incluso se ha protegido a los infractores. “Hay cosas que cuando ya están no las van a quitar porque como ustedes dicen, es muy difícil que los quiten”.
“Sí es cierto, hay colusión, eso no lo podemos negar en autoridades. Sabemos que hay autoridades agrarias, municipales que a veces son consecuentes con la comisión de faltas administrativas o de delitos”, reconoció Ruiz sobre invasiones o afectaciones al medio ambiente.
