Comerciantes están dispuestos a acatar reglas: dirigentes

Ante las críticas de una parte de la población y de la diputada Haydee Reyes por la actividad comercial en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, representantes de organizaciones de comerciantes se dijeron dispuestas a acatar nuevas reglas si estas son necesarias.

Sí, tenemos que entrar a un orden”, reconoció Yolanda Ortega, quien explicó que de ser necesario cada dirigencia asumirá los daños en propiedad privada y espacio público. “Si fuera esa la condición para que nuestra gente labore, estamos dispuestos”.

En tanto, describieron la actividad en la vía pública como una necesidad como ocurre en otras partes del mundo y que las quejas son de “gachupines”, que “no son de Oaxaca”.

Yolanda Ortega y Carmela Luján, de la Unión Libre Margarita Maza de Juárez y de la organización Renacimiento, respectivamente, aseguraron que han colaborado con el ayuntamiento capitalino.

Desde su perspectiva, el número de comerciantes en la ciudad oscila entre 1,000 y 1,500, ya sea como parte de unas 40 organizaciones o de manera independiente. En las suyas, tienen agrupados poco más de 200 comerciantes cada una.

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Para el Centro Histórico, donde se han congregado gran parte de estos, el ayuntamiento y las dirigentes estimaron que se ha reducido al 50 por ciento.

Francisco Martínez Neri, edil capitalino, detalló que de los 1,500 que había antes de su administración ahora existen cerca de 700 y que en algunos casos en la salida de estos ha tenido que ser “de manera fuerte”, es decir, con operativos de policías e inspectores.

Si bien consideró que los reiterados exhortos de la diputada no son un “asunto personal”, el trato con el comercio en vía pública “es una lucha permanente” y de peticiones de personas que quieren espacios en las calles, pero que no pueden concederse tanto por normativa como por la queja de vecinos.

Pero en cuanto a la normativa, el ayuntamiento tampoco ha cumplido del todo. A raíz del retiro de organizaciones del zócalo y del Palacio de Gobierno, el municipio y el estado acordaron reubicar de manera temporal en la calle Gurrión, una de las que se clasifica como zona prohibida.