Luego de que integrantes de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, con el apoyo de la organización civil Prodesc y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, presentaran ante el Tribunal de París una demanda contra la empresa Electricité de France (EDF) por la imposición de un parque eólico en la región del Istmo de Tehuantepec, la primera audiencia del caso se realizaría entre los días 20 o 21 de octubre. Así lo dio a conocer Pedro Matus, uno de los integrantes, quien dijo que el pasado 13 de octubre, a través de Saage-Mage integrante del Centro Europeo, presentaron dicha demanda, en donde piden que el Juez actuante revise el plan de vigilancia de la empresa EDF.
Lo anterior es una exigencia estipulada por la legislación francesa que obliga a las empresas a medir su impacto en la calidad de los derechos humanos que generen con sus proyectos.
Ya que en Francia existe una ley de vigilancia que obliga de manera legal a las compañías a analizar sus acciones según el riesgo que impliquen para los derechos humanos, como en este caso.
Con lo anterior, se busca que el vínculo entre EDF y las empresas contratistas que han actuado contra la garantía de los derechos humanos del pueblo zapoteca de Unión Hidalgo, permita que el Juez ordene la suspensión del proyecto hasta que se haya garantizado el cumplimiento de la mencionada ley de vigilancia.
El entrevistado explicó que el nuevo “Parque eólico Gunaa Sicarú” de la empresa francesa pretende instalar 115 aerogeneradores de 300 megavatios, con una capacidad de generación de 4,84 megavatios y una inversión de 353 millones de dólares en un espacio de 4700 hectáreas, lo que ocuparía una cuarta parte del predio que ocupa el municipio que comprende de 11,370 hectáreas en total.
La demanda detalla que no existió respeto al proceso de consulta previa, libre e informada a la comunidad afectada, lo cual implica una violación al Convenio 169 de la Organización internacional del trabajo (OIT), el cual establece el mecanismo para que los pueblos originarios den o no su aprobación a todos los proyectos de infraestructura que se instalen en territorios originarios.
