Una joven originaria de la localidad indígena de Santa Lucía Monteverde, ubicada en el distrito de Putla de Guerrero, se escapó de su hogar para no convivir con un hombre al que no conocía y que sus familiares la obligaron a que se casara a la fuerza.
La abogada y especialista en temas de trata de personas dijo que los “matrimonios forzados” son una forma de trata de personas y que se ve muy pronunciado en las comunidades indígenas que se manejan por Usos y Costumbres.
“Es mujer y es indígena y eso la hace más vulnerable, son dos parámetros que hemos estudiado del fenómeno de la trata y eso es de lo que se escapó esta jovencita de Oaxaca, aquí en el Istmo de Tehuantepec en el mes de febrero una niña de 12 años de edad de origen zoque despareció de su comunidad y se fue con un hombre mayor que ella, eso fue trata de personas”, dijo.
La Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca (DDHPO) dio a conocer que la mujer solicitó su intervención urgente y denunció que su mamá la llevó contra su voluntad al Registro Civil de Santa Lucía Monteverde y con la ayuda de la titular de dicha oficina la obligó a casarse por la vía civil con un hombre con el que nunca había convivido.
La joven dijo ante este órgano defensor que escapó antes de casarse, sin embargo las autoridades municipales de Santa Lucía Monteverde continúan hostigándola para que ratifique su compromiso y se case.
Explicó ante la Defensoría Especializada en Equidad de Género y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de este organismo que el pasado 18 de mayo de 2016, logró escapar de su casa, pero los síndicos municipales la han localizado y continúan exigiendo que se case, sin importarles que eso signifique la violación a sus derechos humanos.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió un expediente de investigación sobre posibles violaciones a los derechos humanos de una mujer de parte de autoridades municipales de su localidad y también de funcionarios del Registro Civil de esa comunidad.
Asimismo, solicitó al presidente municipal de Santa Lucía Monteverde y a la directora del Registro Civil de Oaxaca, Martha Alicia Escamilla, instruir a los servidores públicos que resulten involucrados en los sucesos narrados por la quejosa para que, en un plazo de ocho días hábiles, rindan un informe detallado sobre lo ocurrido aquél 18 de mayo.
La DDHPO solicitó el apoyo de la Defensoría Pública Indígena estatal para que proporcione la asesoría y acompañamiento jurídico que requiera la mujer respecto a la violación de sus derechos humanos y en un plazo de 24 horas se le proporcione una medida cautelar para su protección.
El caso de esta mujer es un ejemplo de la situación que viven las mujeres indígenas en los pueblos de Oaxaca, principalmente aquellos donde se rige por medio del Sistema Normativo Interno (usos y costumbres).
Pasividad de las autoridades no permite visibilizar la trata en el Istmo
Mayra López Pineda, también consultora en temas de género y justicia dio a conocer que la pasividad de las autoridades no permite visibilizar la trata de personas en Oaxaca, debido a que no existe un sólo registro que permita conocer a los presuntos involucrados de este delito.
En un diagnóstico que recientemente presentó sobre la trata de personas y que realizó durante varios meses en Juchitán a través de un programa nacional con el organismo Articulación Ciudadana para la Equidad y Desarrollo (Aced) A.C y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) dijo que tanto las solicitudes de acceso a la información como los informes de las dependencias de justicia no arrojaron un sólo caso de este delito en Juchitán y otros municipios del Istmo de Tehuantepec.
Explicó que esta ausencia de averiguaciones previas, denuncias o presuntos responsables es más bien una lectura que indica la pasividad de las autoridades de justicia en dar atención a estos delitos, porque muchas veces lo relacionan a sus Usos y Costumbres, cuando en realidad las mujeres, especialmente las indígenas, niñas y niños son víctimas.
“El delito de trata de personas, es uno de los que dejan muchos privilegios económicos, va implícito la corrupción e impunidad por eso es un secreto a voces, muchos o pocos lo saben, pero nadie lo denuncia, por lo que es indispensable visibilizar que mujeres, especialmente adolescentes entre 12 y 15 años de edad están siendo presa de este tipo de acciones”, dijo.
Aclaró que en el entorno del Istmo de Tehuantepec es donde no existen pruebas de la trata por que pareciera que todo está oculto, sin embargo, en las otras regiones de la entidad oaxaqueña e incluso la capital las denuncias de desaparición sí existen, tal es el caso de un informe del año 2012 de la Unidad de Naciones Unidas contra la delincuencia y las drogas señaló que el estado de Oaxaca es una de las ocho entidades del país que se concentra la trata de personas, aunado a que en el reporte de la fiscalía de Oaxaca del 2009-2012 indicó el inicio de 629 averiguaciones previas en el fuero local y federal sobre el tema.
En el 2016, Aced A.C. ejecutó este proyecto en cinco localidades del municipio de Juchitán, lo cual implicó la realización de un Diagnóstico sobre la situación del delito de trata de personas así como una serie de talleres y materiales informativos en español y zapoteco para advertir a la población sobre este delito. Se encontró la ausencia de iniciativas de política pública municipal tanto para la sensibilización sobre las causas, orígenes, tipificación y consecuencias de este fenómeno como para la realización de acciones para prevenirla.
Precisó que en Juchitán y otras localidades no se activa la alerta amber cuando una menor desaparece, tal es el caso dijo de una niña de 12 años de edad de origen indígena zoque que recientemente despareció de su comunidad y se fue con un hombre mayor que ella, en este caso no hubo Alerta Amber.
“La pequeña despareció y sus familiares no conformes con sus usos y costumbres acudieron a la fiscalía y también a la defensoría de los derechos humanos, trece días después regresó a casa envuelta en el miedo, lo poco que supimos es que en este tiempo que estuvo al mando del hombre que se la llevó, vivió violencia sicológica y amenazas, por eso pensamos que pudo tratarse de trata, porque existen otros casos que cuando te raptan no te sacan de tu comunidad, sino lo hacen para casarse”, dijo.
Relató que tristemente la falta de información es la que ha contribuido para que la trata siga vigente, y en algunos casos señaló esta ligado también a los usos y costumbres de pueblos indígenas donde todavía se da la practica de la venta de la mujer para contraer matrimonio.
La jurista expresó que las mujeres y niñas indígenas son focos rojos de la trata, debido a que sufre discriminación por ser indígena, pobre y no hablar español.
