La falta de regulación del transporte público y los acuerdos entre los transportistas con funcionarios de la policía vial y ministerios públicos ha impedido poder regular y aplicar sanciones a los chóferes del transporte público que siguen enlutando hogares.
En menos de tres meses, los urbaneros han protagonizado una serie de accidentes en donde tres hogares han sido enlutados ante la complacencia del comandante de la policía vial para poner orden y multar a los dueños por permitir que en su mayoría jóvenes entre los 18 y 25 años se les dé permiso conducir un autobús urbano sin saber el riesgo que conlleva.
Para Carlos Zarate Benítez, dirigente de la organización MNE-Unido, reconoció que el monopolio del transporte público urbano tenga comprado a las autoridades encargadas de regular a los urbaneros.
Prueba de ello, dijo ha sido el accidente en Calzada a la Refinería donde una pequeñita perdió la vida por un imprudente urbanero quien sigue gozando de impunidad por la falta de una buena procuración de justicia y algunos ministerios públicos corruptos coludidos con los concesionarios del transporte urbano.
“Este accidente y muerte es una prueba fehaciente que la ley está torcida en Salina Cruz donde el jefe de la policía vial le da igual si atropellan o matan a una persona los urbaneros y no se diga del ministerio público quien deja en libertad al responsable diciendo que fue por falta de elementos”, denunció.
Dijo que estas prácticas de rebelión de la ciudadanía ha sido en parte porque la justicia no se aplica parejo y solo se venden al mejor postor dejando en libertad a los delincuentes.
Ya es tiempo que se realice un operativo y se verifique a fondo primero si los chóferes cuentan con la documentación en regla y si en verdad tienen experiencia para poder conducir un autobús donde diariamente transporta a miles de pasajeros a quienes exponen sus vidas.
