A poco más de diez años de lucha, familias istmeñas que forman parte del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca (FUADO), lograron recuperar su patrimonio que le fue arrebatado por la Caja Atlántico del Sureste.
En la región del Istmo de Tehuantepec, 18 sucursales cometieron fraude con más de 30 millones de pesos, en agravio de por lo menos 300 familias, las cuales durante largo tiempo buscaron justicia y aplicación de la ley en contra de los representantes legales de la empresa que los afectó.
Durante esta larga lucha, los defraudados no perdieron la esperanza, pero sí la vida varios de ellos, entre los que se encontraba el señor Pedro de aproximadamente 70 años de edad, originario de la octava sección Cheguigo, quien vendió cabezas de ganado para ahorrar el recurso obtenido y poder vivir de los intereses generados como se lo planteó el personal de la caja de ahorro.
En el 2015, los defraudados de la caja de Ahorro Atlántico del Sureste de los municipios de Juchitán, Unión Hidalgo y Chahuites entregaron sus documentos que comprueban la inversión, al personal de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno de Oaxaca (SEDESOH), requisito indispensable para continuar el trámite de recuperar parte de su patrimonio, según el acuerdo firmado un año antes.
El asesor legal de los defraudados, Herminio López Sánchez, explicó que sus representados recibirán parte de los fondos que habían perdido tras el cierre de las casas financieras en la entidad, por lo que desde el pasado lunes se instalaron ocho módulos en cada una de las regiones de la entidad.
Estos módulos darán atención a los defraudados con montos menores a 40 mil pesos.
Asimismo, López Sánchez detalló que en lo que respecta a la región del Istmo, la mesa de atención a los socios se instaló en la Avenida Manuel Ávila Camacho, esquina con Pacífico en el Barrio Cantarranas, de Salina Cruz.
El entrevistado aclaró que de los aproximadamente 300 defraudados por las cajas de ahorro Atlántico del Sureste, Nacional del Sureste, Banpeco y Banpesca, varios desistieron de continuar con la demanda legal, ya que les generó gastos económicos, otros más fallecieron, por lo que únicamente se tiene en el registro a 10 personas que procedieron con la demanda.
