Integrantes de la Misión Civil de Observación Humanitaria en la región del Istmo de Tehuantepec constataron la falta de coordinación institucional para la entrega de ayuda humanitaria y realización del censo de daños, luego del sismo de la semana pasada.
A través de un primer reporte, exponen que las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo no han sido cubiertas.
Y es que luego del movimiento telúrico ocurrido el pasado 7 de septiembre, siete organizaciones expertas de la sociedad civil conformaron una Misión de Observación Humanitaria (MOH) que recorrió la zona del Istmo de Tehuantepec.
Las ONG atestiguaron la falta de coordinación gubernamental en la distribución de la ayuda humanitaria y el uso discrecional de los escasos recursos que han llegado a la zona.
La MOH llevó a cabo labores de reconocimiento del 11 al 14 de septiembre en las comunidades de Ixhuatán, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Río Pachiñe, San Dionisio del Mar, Pueblo Nuevo (Agencia Municipal de San Francisco del Mar), San Mateo del Mar, Santa María Xadani y Unión Hidalgo, afectadas por el sismo de magnitud 8.2.
Detallan que el objetivo fue vigilar que la acción humanitaria se implemente bajo los principios de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia operacional que dictan los más altos estándares del derecho internacional humanitario.
Tras la observación verificaron que existe una falta de coordinación interinstitucional en todas las zonas de desastre y no se actúa de manera pronta y en contraste, existe amplia presencia militar y de la policía federal en las diferentes comunidades visitadas, argumentan.
Añadieron que la ayuda humanitaria que ha llegado es deficiente e insuficiente, dado que las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo como el derecho al agua, a la alimentación y a la salud, entre otros, no han sido cubiertas.
Adicionalmente, los esfuerzos de acopio y entrega de víveres desde la sociedad civil se han enfrentado a hostigamiento y, en algunos casos, el acopio ha sido decomisado, denuncian.
Sostienen que los gobiernos federal y estatal han involucrado a diferentes instancias gubernamentales (como a las Secretarías de Energía y de Turismo y a la Comisión Nacional Forestal) que no tienen ni la capacidad ni la experiencia en este tipo de desastres para realizar diagnósticos de los inmuebles dañados.
Advierten que precandidatos y funcionarios públicos han caído en el oportunismo al condicionar la ayuda humanitaria entregándola únicamente a las personas cercanas al gobierno y los partidos políticos, algunos incluso recanalizan los víveres que llegan a la zona.
Algunas empresas privadas están jugando un papel protagónico en la respuesta, situación que no debería suplir las obligaciones del gobierno. Varias de estas empresas han tenido conflictos en algunas de estas comunidades por el desarrollo de mega proyectos y desconocemos si tienen las capacidades y el conocimiento para realizar las labores de respuesta bajo los más altos estándares del derecho internacional humanitario, subrayan.
Demandan que la entrega de ayuda humanitaria debe reconocer las diferentes necesidades de la población sin discriminación alguna, incluyendo a mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad y personas de origen indígena.
Las organizaciones aconsejaron al gobierno federal iniciar con las labores de reconstrucción en calidad de urgencia con un enfoque de prevención de desastres.
Los esfuerzos de reconstrucción deben contemplar la recuperación de los medios de vida y la economía local, ya que las personas afectadas no sólo perdieron sus hogares sino también sus bienes materiales, sus negocios y sus fuentes de empleo.
Datos:
- 78 víctimas fatales dejó el terremoto
- 41 comunidades afectadas
