El estado de Texas ha ofrecido un terreno de más de 500 hectáreas, ubicado cerca de la frontera con México, para que sea utilizado por la Administración del presidente electo Donald Trump en su plan de deportaciones masivas de migrantes. Este terreno, de 567 hectáreas en el condado de Starr, al sur de Texas, podría convertirse en un gran centro de detención para procesar, detener y coordinar la repatriación de miles de migrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal.
UN TERRENO ESTRATÉGICO Y EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
La oferta fue formalizada a través de una carta enviada por la Oficina General de Tierras de Texas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En la misiva, el organismo estatal aseguró estar “completamente preparado” para llegar a un acuerdo con el DHS para la construcción de las instalaciones necesarias para la detención y procesamiento de migrantes. El terreno en cuestión, que atraviesa el río Grande —la frontera natural entre Estados Unidos y México— fue adquirido por Texas a finales de octubre de 2023. Con el objetivo declarado de “reforzar la seguridad fronteriza” y expandir la construcción del muro fronterizo.
Actualmente, el terreno es utilizado como una granja de cultivos. Donde se siembran cebollas, canola, girasoles, maíz, grano, algodón y soja. Sin embargo, la Oficina de Tierras de Texas no ha especificado qué sucederá con la producción agrícola una vez que el terreno sea cedido al Gobierno federal. Lo que deja en incertidumbre el futuro de esta actividad.
EL PLAN DE DEPORTACIÓN MASIVA DE TRUMP
El terreno ofrecido es parte de los esfuerzos de la futura Administración de Donald Trump para cumplir con una de sus promesas más controvertidas: llevar a cabo la mayor “deportación masiva” en la historia de Estados Unidos. La intención es abordar el problema de los más de 11 millones de migrantes indocumentados que residen en el país. Muchos de los cuales han vivido allí durante décadas. Según NBC, los funcionarios de la futura Administración ya están evaluando diferentes ubicaciones para establecer centros de detención y han comenzado a contactar a empresas privadas del sector de prisiones para expandir la capacidad del sistema de detención migratoria.
Trump ha reiterado su promesa de erradicar la inmigración ilegal y expulsar a millones de personas indocumentadas. Una propuesta que ha generado tanto apoyo como fuertes críticas. El presidente electo también ha anunciado que, una vez en el cargo, invocará la figura de emergencia nacional. Esto permitiría utilizar al Ejército para apoyar en la ejecución de su plan de deportación masiva.
TOM HOMAN: EL ‘ZAR DE LA FRONTERA’ DE TRUMP
Con la intención de poner en marcha esta ofensiva migratoria, Trump ha nombrado a Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su primer mandato, como el nuevo “zar de la frontera”. Homan, conocido por su postura dura contra la inmigración, será el encargado de coordinar las políticas de deportación. En sus declaraciones recientes, Homan subrayó que la “seguridad fronteriza es seguridad nacional”, y aseguró que tanto las autoridades federales como los estados deben estar alineados en este esfuerzo.
“Todos deberíamos estar del mismo lado”, declaró Homan en una entrevista con Fox News el pasado 11 de noviembre. Mientras defendía el uso de los recursos federales para implementar su plan de deportación. Además, lanzó una advertencia directa a las llamadas “ciudades santuario” —localidades que limitan su cooperación con las autoridades federales en temas migratorios—, afirmando:
“Vamos a hacer el trabajo (de deportación), sin ustedes o con ustedes”.
Esta declaración resalta la postura implacable de la futura administración en cuanto a la implementación de sus políticas de inmigración.
REACCIONES Y DESAFÍOS
El plan de deportaciones masivas ha generado una fuerte división tanto dentro de Estados Unidos como a nivel internacional. Si bien algunos sectores políticos y ciertos grupos de la población respaldan las medidas como una forma de fortalecer la seguridad nacional, muchas organizaciones de derechos humanos y líderes políticos, incluidos los de México y otros países latinoamericanos, han expresado su rechazo a estas políticas. Quienes argumentan que violan los derechos fundamentales de los migrantes y deshumanizan a las personas que buscan una vida mejor en el país.
Además, las ciudades santuario han planteado serias preocupaciones sobre el impacto de estas políticas en sus comunidades. Al tiempo que advierten sobre la posible creación de un clima de temor y persecución hacia los migrantes que ya residen en el país.
