GINEBRA.-La Comisión Global de Políticas de Drogas de la que son miembros 14 expresidentes, entre ellos el mexicano Ernesto Zedillo, primeros ministros y cuatro premios Nobel, instó a regular todas las drogas, a que se reformen las convenciones de las Naciones Unidas de control de drogas y que los aspectos sanitarios clave de la política de drogas dejen de ser responsabilidad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y sean asignados a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Comisión dio a conocer en Ginebra el informe “Hora de poner fin a la prohibición” en el que recomiendan cómo reformar la política de drogas ya que los intentos de prohibir las drogas ha fracasado, según investigaciones exhaustivas realizadas por el organismo durante un decenio.
Según el informe, aunque los convenios y convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas han establecido requisitos mínimos globales para la aplicación de las leyes en esa materia, no imponen límites al nivel de represión que pueden aplicar los Estados. Las tres convenciones de la ONU, que casi todos los Estados miembros han ratificado, incluyen artículos especiales sobre la “aplicación de medidas nacionales de fiscalización más estrictas”, que permiten a los países adoptar castigos más severos si estos se consideran “necesarios” para la “protección de la salud o el bienestar públicos”.
Sostiene que la forma en que se aplican actualmente las convenciones a nivel nacional refleja las prioridades políticas y la capacidad institucional en cada país. En algunos países, encima de las décadas de estigmatización y deshumanización de las personas que consumen drogas, se imponen sanciones penales desproporcionadamente duras, castigos corporales judiciales e incluso la pena de muerte.
La Comisión observa que, a lo largo de la última década, algunos líderes autoritarios han llegado al poder propugnando planes simplistas de “mano dura contra la delincuencia”, demonizando a las personas que consumen drogas y prometiendo erradicar las drogas y la delincuencia mediante la fuerza bruta. La preparación de una respuesta vigorosa y organizada frente a estos promotores políticos de la guerra contra las drogas será un reto fundamental en la próxima década.
“La guerra contra las drogas no se basa en pruebas, sino que está alimentada por prejuicios y es defendida por políticos que quieren mostrar mano dura. Hace más daño que bien, pues hay personas inocentes entre sus víctimas, mientras la delincuencia organizada prospera. Hay señales de cambios positivos: los países están avanzando hacia la despenalización y regulación de las drogas’’, afirma Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y presidenta de la Comisión Global de Política de Drogas.
“Pero tantas décadas de estigmatización, pseudociencia y racismo no se pueden resolver de la noche a la mañana. Exhortamos a los países que ya están realizando reformas internas a que exijan cambios en el sistema de las Naciones Unidas y acaben de una vez por todas con la tiranía de la guerra contra las drogas”, agregó Clark.
El informe detalla que se gastan más de 100 mil millones de dólares al año en la aplicación de la ley, sin que se haya reducido el consumo de drogas: el número de personas que las consumen pasó de 185 millones en 1998 a 269 millones en 2018, un aumento de más del 45%.
“La prohibición margina a las personas que consumen drogas y vulnera sus derechos, perpetúa el racismo sistémico, promueve la violencia e impone una carga excesiva a los sistemas de justicia penal. Los controles aplicados a los analgésicos esenciales han obligado a millones de personas a soportar dolores innecesarios, ya que el 80% de la población mundial, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios, no puede acceder a esos medicamentos’’, indica.
En primer lugar la Comisión urge a los países a “regular todas las drogas’’.
La Comisión exhorta a los países a que colaboren para reformar las convenciones de las Naciones Unidas sobre políticas de drogas que limitan la capacidad de los países para legalizar y regular las drogas, y avanzar hacia un marco internacional basado en pruebas.
Sugiere dar a los expertos de la OMS (en lugar de la UNODC) la responsabilidad de decidir sobre los criterios de clasificación de las substancias sujetas a fiscalización y garantizar un acceso equitativo a los medicamentos esenciales fiscalizados.
Insta a “dar prioridad a la salud, la seguridad y la dignidad, para lo cual deben invertir más en servicios de reducción de daños, garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales para el alivio del dolor y los cuidados paliativos, y despenalizar el consumo y la posesión de drogas para uso personal’’.
“Las políticas represivas aprobadas a nivel mundial son más perjudiciales para la salud y la seguridad públicas que el consumo de drogas. El actual régimen internacional de fiscalización de drogas socava la autonomía personal y gubernamental y permite a las redes delictivas transnacionales enriquecerse y aumentar su poder, lo que representa una amenaza para la democracia, la seguridad y la paz”, afirmó la expresidenta de Suiza Ruth Dreifuss en el marco de la publicación del informe.
Ernesto Zedillo, expresidente de México y miembro de la Comisión quien se encontraba en Ginebra con motivo del lanzamiento del informe, se negó a hablar con Proceso sobre la política que está usando el presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado de “abrazos no balazos ’’, su política sobre las drogas , la liberación de Ovidio Guzmán el hijo del Chapo, su llamado a cuidar a los delincuentes, lo que AMLO ha denominado “pax narca” y las acusaciones contra el inquilino de Palacio Nacional sobre sus nexos con el narco.
