El fundador y consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, junto a sus socios fundadores y los directivos, tienen blindada su capacidad de mando en el consejo de administración de la empresa para controlar las decisiones estratégicas y el proceso de salida a Bolsa, previsto en un plazo de 18 meses.
Su plan es que la compañía, valorada en más de 1,000 millones de dólares, salga a cotizar en España en un porcentaje significativo, indican fuentes de la empresa.
Los 400 empleados de Cabify, con una media de edad de 31 años, controlan el 25% del capital, pero disponen de dos de los cinco asientos del consejo y pueden nombrar un tercer vocal, que es ahora Kevin Laws, perteneciente a la AngelList, dedicada a poner en contacto start up con inversores. Los otros dos asientos son para los inversores Seaya y Rakuten.
Los fundadores, entre los que también figuran Vicente Pascual y Francisco Montero, consideran que así garantizan su compromiso con el país de origen. El salto al parqué servirá para dar una oportunidad de salida a inversores de venture capital que apostaron por la empresa. Aparte de Seaya o Rakuten, también hay accionistas como Atento, Liil, WTI, Endeavor o Catalyst.
La situación regulatoria del sector condicionará la estrategia. La empresa maneja informes jurídicos según los cuales los propietarios de licencias de VTC operativas deben ser indemnizados si una eventual norma del Gobierno permite a los ayuntamientos vetar su actividad al imponer las dobles licencias.
Impuestos y taxis
La matriz de Cabify, Maxi Mobility Spain, recuerda que paga todos sus impuestos en España, donde consolida el negocio exterior. En Latinoamérica quiere empezar a ofrecer servicios financieros.
Sin embargo, el accionista único tiene sede en Delaware y está participado por los inversores, que tributan allí las plusvalías cuando reciben dividendos. La empresa ha recaudado 320 millones en dos años en distintas rondas de financiación.
En 2019, Cabify y los conductores de VTC que trabajan con ella abonarán más impuestos que todo el sector del taxi, según la empresa. Entre 2016 y 2017, ha dejado 5.2 millones en las arcas públicas, pero los conductores adscritos a su plataforma ya aportan 40 millones al año, frente a los 60 millones de los taxistas, que tributan por módulos.
