Luego de semanas marcadas por fuertes críticas —acentuadas tras el reciente ejercicio de revocación de mandato— el gobernador de Oaxaca, Salomón Cruz, anunció la creación de un nuevo Código Estatal de Integridad Pública y un esquema de auditorías periódicas para su gabinete.
El anuncio fue realizado este miércoles en conferencia de prensa, en un contexto donde las acusaciones de nepotismo, conflictos de interés y presuntos actos de corrupción han golpeado la imagen de su administración.
RESPUESTA TRAS LA REVOCACIÓN
El mandatario reconoció que, aunque el resultado del ejercicio de revocación ratificó su permanencia en el cargo, también dejó un mensaje claro de inconformidad ciudadana.
“Hace unas semanas, el pueblo ratificó su confianza en el proyecto que representamos, pero también expresó su exigencia de mejorar en temas prioritarios”, afirmó.
Cruz sostuvo que las medidas anunciadas no buscan únicamente enviar una señal política, sino establecer mecanismos formales de control y evaluación.
“Este no es sólo un acto simbólico”, subrayó.
NUEVO CÓDIGO Y REVISIÓN EXTERNA
Entre las acciones presentadas destaca la implementación de un Código Estatal de Integridad Pública, cuyo objetivo será establecer reglas más estrictas de conducta para funcionarios y reforzar los controles internos.
“El poder sólo sirve si se ejerce a favor del pueblo”, expresó el gobernador. Y añadió: “Para atender las preocupaciones en materia de lucha contra la corrupción, he instruido la implementación de un nuevo Código Estatal de Integridad Pública”.
Además, anunció:
- Revisión externa de procesos administrativos en áreas sensibles.
- Creación de un mecanismo permanente de evaluación del desempeño del gabinete.
- Auditorías al gabinete cada seis meses.
“Oaxaca merece instituciones fuertes”, puntualizó.
¿REFORMA PROFUNDA O CONTENCIÓN POLÍTICA?
El anuncio se da en medio de cuestionamientos directos sobre presuntos casos de nepotismo y decisiones administrativas señaladas por favorecer a personas cercanas al poder. Aunque el gobernador presentó el nuevo código como un parteaguas institucional, aún no se detallaron plazos, órganos responsables ni el alcance jurídico de las auditorías.
Finalmente, la efectividad de estas medidas dependerá de su transparencia, independencia y capacidad real de sanción. Sin mecanismos autónomos y resultados verificables, el riesgo es que el anuncio quede como una respuesta reactiva ante la presión política.
Por ahora, el mandatario apuesta por un relanzamiento ético de su administración, en un momento donde la confianza pública se encuentra bajo escrutinio.
