Petróleo sin autorización del Congreso es el ejercicio del poder sin control. El envío reiterado de petróleo mexicano a Cuba durante 2025, presentado discursivamente como “ayuda humanitaria”, no resiste un análisis jurídico serio. A la luz del derecho constitucional, administrativo, financiero e internacional, lo ocurrido no es un gesto solidario excepcional, sino una disposición continuada de un bien estratégico propiedad de la Nación, realizada sin autorización del Congreso, sin transparencia financiera y con riesgos internacionales crecientes. La discusión ya no es política ni ideológica. Es jurídica. El petróleo no es ayuda humanitaria. El derecho internacional humanitario es claro: la ayuda humanitaria exige excepcionalidad, temporalidad, neutralidad y destino verificable, normalmente asociada a conflictos armados, desastres naturales o crisis sanitarias. El petróleo —por definición— es un insumo estratégico, no un bien humanitario. Sólo puede adquirir ese carácter en supuestos extremadamente acotados, como el abastecimiento hospitalario inmediato tras una catástrofe. Se contradicen el director de Pemex, dice que son ventas y la presidenta dice que es ayuda humanitaria. Ni lo uno ni lo otro.
Nada de ello se ha acreditado en el caso cubano. Los envíos no fueron puntuales ni extraordinarios; fueron recurrentes, prolongados y estructurales, destinados a sostener la generación eléctrica, el transporte y la infraestructura estatal de otro país. Jurídicamente, eso rompe el primer test de legalidad: la ayuda humanitaria no puede sustituir la política energética ni el comercio exterior de un Estado. Responsabilidad constitucional de la Presidencia.
El artículo 27 de la Constitución mexicana es inequívoco: los hidrocarburos son propiedad directa de la Nación. Su disposición no es una facultad discrecional del Ejecutivo. Cuando se trata de donaciones, subsidios o transferencias patrimoniales de bienes estratégicos, se activa la reserva de ley y el control presupuestario del Congreso. Si el envío fue donación, existe una violación directa al principio de legalidad presupuestaria. Si fue venta, estamos ante una exportación comercial que debió sujetarse a reglas fiscales, contractuales y de comercio exterior que ya expusimos en el artículo anterior. Y no pasa el test, máxime que no se transparentó la cantidad subsidiada a Cuba. Si fue pago diferido o trato preferencial, el resultado jurídico es el mismo: un subsidio encubierto a un Estado extranjero, sin autorización legislativa.
En cualquiera de los escenarios, la Presidencia incurre en responsabilidades administrativas graves por uso indebido de recursos públicos y, potencialmente, en responsabilidad penal por ejercicio ilícito del servicio público y abuso de funciones, al disponer de un bien nacional estratégico fuera del marco constitucional.
Pemex: responsabilidad corporativa y bursátil
Aunque Pemex no cotiza acciones, sí participa activamente en los mercados financieros internacionales mediante deuda. Está sujeta, por tanto, a los estándares de revelación de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. Los envíos de petróleo a Cuba, con un valor estimado superior a 3 mil millones de dólares, constituyen información material: afectan liquidez, riesgo regulatorio, perfil crediticio y exposición geopolítica. Omitir, minimizar o reclasificar esta información en reportes como el Formulario 20-F no se neutraliza con un cambio retórico. En derecho bursátil, la omisión de información material es una falta grave, independientemente del nombre político asignado a la operación. Esto abre la puerta a: a) Responsabilidad administrativa de directivos. B) Responsabilidad civil frente a inversionistas por daño patrimonial. C) Responsabilidad regulatoria internacional ante autoridades estadounidense. La simulación como agravante jurídico
Uno de los principios más antiguos del derecho prohíbe la simulación: la forma no puede ocultar la sustancia. Llamar “humanitaria” a una operación económica sostenida no elimina sus efectos jurídicos. Cuando un bien estratégico mantiene de forma continua la economía de otro Estado, deja de ser auxilio y se convierte en subsidio. Y los subsidios —internos o externos— tienen reglas, controles y consecuencias legales.
El factor Trump: petróleo, política y aranceles
El contexto internacional agrava el escenario. La amenaza de Donald Trump de imponer aranceles más altos a México no ocurre en el vacío. Estados Unidos observa con particular atención: a) Subsidios energéticos encubiertos. B) Incumplimientos de transparencia financiera. C) Operaciones que pueden violar regímenes de sanciones o distorsionar mercados energéticos. Un Estado que no controla internamente la disposición de sus recursos estratégicos se vuelve vulnerable externamente. El envío de petróleo a Cuba, sin controles parlamentarios ni revelación plena, expone a México a represalias comerciales, sanciones regulatorias y deterioro de su posición negociadora.
Conclusión
El caso del petróleo enviado a Cuba no es un episodio diplomático menor. Es un precedente peligroso: un Ejecutivo que dispone de bienes estratégicos sin Congreso, una empresa productiva del Estado que opera sin transparencia plena y un país que se expone innecesariamente a conflictos comerciales y financieros internacionales. La pregunta final ya no es ideológica, sino jurídica y democrática: ¿Puede el poder Ejecutivo disponer del patrimonio energético de la Nación sin control parlamentario, sin rendición de cuentas y sin asumir consecuencias legales? El derecho mexicano —y el internacional— sugieren que no. Tiene la palabra el Congreso de la Unión.
