Juchitán de Zaragoza despertó el viernes con un estremecedor hallazgo. En las inmediaciones del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, entre la colonia 8 de Octubre y la colonia Zapoteca, fueron encontrados los cuerpos de Alberto C.G. y Diana V.R., víctimas de tortura y disparos. La escena del crimen, junto a una unidad motriz, deja un mensaje inquietante sobre la violencia que permea la región.
Los cuerpos fueron trasladados al panteón municipal para la necropsia y posteriormente identificados por sus familiares. Quienes enfrentan ahora no solo la pérdida, sino la incertidumbre sobre la justicia que podría llegar.
ENTRE LA LUCHA SOCIAL Y EL CONFLICTO
Alberto C.G., abogado y miembro de la comisión política del Frente Popular 14 de Junio, fue un actor clave en los conflictos por tierras en Santa Cruz Xoxocotlán, donde grupos violentos impidieron durante años la restitución de propiedades. Su participación en la defensa de comunidades y en el Consejo Nacional Indígena lo convirtió en un personaje visible y controversial.
Su historia refleja el choque entre organización social y violencia política en Oaxaca, donde los líderes locales se convierten tanto en defensores como en blanco de ataques.
VÍNCULOS Y RELEVANCIA POLÍTICA
Diana V.R., funcionaria municipal de San Pedro Mixtepec, acompañaba a Alberto en la labor social y política que ambos realizaban en la región. La víctima estaba vinculada a una estructura municipal que buscaba integrar la participación ciudadana en la administración local, pero cuya cercanía a líderes sociales pudo convertirla en objetivo.
Alberto, además, había ocupado cargos en sindicatos y partidos locales, y mantenía presencia activa en movimientos de transporte y agrupaciones políticas de Oaxaca. Incluyendo el desaparecido Partido MUJER, y recientemente su participación en la unión del Frente Popular 14 de Junio con CITO-CIT.
EL RETO DE LA JUSTICIA
La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones, mientras la comunidad observa con desconfianza y miedo cómo la violencia se cruza con la política y la justicia. La pregunta sobre la seguridad en Juchitán y la protección de quienes lideran causas sociales queda en el aire.
“Se están recabando evidencias y testimonios para dar con los responsables”, aseguraron autoridades, aunque la desconfianza persiste entre vecinos y familiares.
El crimen deja en evidencia la vulnerabilidad de activistas, funcionarios locales y líderes comunitarios en el Istmo. Donde la violencia no solo cobra vidas, sino también el tejido social que mantiene unida a la región.
