Tres hombres fueron condenados a 70 años de prisión cada uno por secuestrar a un hombre en Santa Rosa, Oaxaca. En un hecho que conmocionó a la comunidad. Los responsables fueron identificados como Carlos E.F.S., Juan M.M.A., y José L.L.R.. Quienes recibieron una sentencia que suma 210 años de cárcel.
El secuestro ocurrió el 6 de octubre de 2008. Cuando la víctima, R.N.S., fue interceptada por hombres armados vestidos con uniformes falsos de la extinta Policía Federal Preventiva mientras llegaba a su domicilio. Los agresores lo subieron a la fuerza a una camioneta Pontiac blanca. Luego, le advirtieron que “la acción se debía a la falta de pago de una cuota”.
HORROR EN CASAS DE SEGURIDAD
Durante su cautiverio, la víctima fue trasladada a diversas “casas de seguridad”, incluida la denominada “la casa de la palapa” en San Jacinto Amilpas. Donde fue vendado y encadenado. Los secuestradores, conocidos por alias como “El Jefe”, “El Kiko”, “El Comandante”, “Fercho” y “El Bagre”, lo golpearon con una tabla y lo sometieron a interrogatorios sobre propiedades y dinero.
Posteriormente, los agresores exigieron un rescate de dos millones de pesos a los familiares de la víctima. Tras recibir el pago, R.N.S. fue liberado y encontrado en la cajuela de un Volkswagen.
JUSTICIA Y SENTENCIA
El caso fue investigado y judicializado por la Vicefiscalía General de Control Regional, que recopiló los indicios necesarios para presentar a los acusados ante el juez.
Luego, tras valorar las pruebas, se dictó la sentencia condenatoria de 70 años de prisión por persona y se impuso el pago de reparación del daño material y moral integral a favor de la víctima.
Se indicó que otra persona vinculada al caso, identificada como J.A.C.T., sigue bajo proceso legal y su situación se resolverá en las siguientes etapas judiciales.
IMPACTO Y COMPROMISO
Finalmente, el caso pone de relieve la gravedad de los secuestros en la región y la necesidad de una respuesta efectiva de las autoridades. La Fiscalía de Oaxaca reafirmó su compromiso de continuar trabajando en casos de alto impacto y garantizar a las víctimas un acceso adecuado a la justicia.
