México prepara la construcción de “Coatlicue”, la supercomputadora pública más potente de América Latina, con capacidad para 314 mil billones de operaciones por segundo y equipada con 14 mil 480 GPUs. El proyecto, con una inversión de 6 mil millones de pesos, forma parte del Plan México y será operado por científicos nacionales.
USOS PÚBLICOS Y BENEFICIOS ESTRATÉGICOS
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que la supercomputadora permitirá:
- Resolver problemas públicos que requieren gran capacidad de cómputo.
- Realizar investigación científica de punta en sectores estratégicos.
- Apoyar proyectos emprendedores con cálculo avanzado.
- Brindar servicios a la iniciativa privada para generar un modelo autosustentable financiero.
Entre las aplicaciones específicas destacan la predicción climatológica, la planificación de siembras y cosechas, el procesamiento de imágenes de suelo y subsuelo para recursos como agua y petróleo, la planificación del consumo energético, así como el análisis masivo de datos de aduanas y facturación para prevenir corrupción y evasión fiscal. También tendrá aplicaciones en salud y biomedicina, enfatizó Peña Merino.
CLÚSTER NACIONAL DE SUPERCOMPUTO
El proyecto contempla la creación de un clúster nacional de supercómputo, integrado por 11 supercomputadoras distribuidas en distintas regiones del país. La Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, detalló que la construcción se desarrollará en 24 meses e incluirá:
- Diseño conceptual y permisos.
- Ingeniería detallada y licitaciones.
- Obra civil y adecuaciones de infraestructura.
- Suministro, logística e integración de equipos.
- Pruebas, validación y puesta en marcha.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA AUTONOMÍA NACIONAL
Peña Merino resaltó que la localización exacta de “Coatlicue” se definirá próximamente, considerando suministro de agua para enfriamiento. Subrayó que el proyecto permitirá a México entrar de lleno en la inteligencia artificial y el procesamiento avanzado de datos, consolidando la colaboración entre instituciones gubernamentales y educativas.
“El paso que se da es muy grande y el Gobierno juega un papel central coordinando este proceso”, concluyó.
