La situación de Betssy Chávez Chino, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, volvió a tensar el escenario político peruano luego de que un Juez Supremo ordenó este viernes su captura nacional e internacional, así como cinco meses de prisión preventiva, mientras ella permanece refugiada en la Embajada de México en Lima.
Chávez, quien es procesada por el presunto delito de rebelión tras los eventos del 7 de diciembre de 2022, se encuentra asilada desde marzo de 2025. A la espera de que el Gobierno peruano le otorgue un salvoconducto para poder abandonar el país.
LOS ARGUMENTOS DEL JUEZ: “PELIGRO DE FUGA PALPABLE”
En la resolución, el juez Juan Carlos Checkley modificó la medida de comparecencia con restricciones que tenía Chávez y autorizó la prisión preventiva luego de que la Fiscalía argumentara que la exfuncionaria incumplió reglas clave, como asistir al control biométrico y presentarse en las audiencias judiciales.
El magistrado sostuvo que la decisión es necesaria para proteger la continuidad del juicio.
“El riesgo es palpable”, afirmó, al señalar la posibilidad de que Chávez “frustre el juicio oral”.
La Fiscalía sostiene que Chávez, desde el interior de la Embajada mexicana, evade los controles judiciales que debía cumplir mientras avanzaban las audiencias por su participación en la fallida disolución del Congreso anunciada por Castillo.
EL CONTEXTO DEL CASO: REBELIÓN Y UNA HUIDA INCONCLUSA
Betssy Chávez fue acusada de participar en el intento de golpe de Estado ejecutado por Pedro Castillo. Quien ordenó la disolución del Congreso horas antes de ser destituido y encarcelado. Desde entonces, las investigaciones han apuntado a miembros de su entonces círculo cercano.
En marzo de 2025, la ex primera ministra solicitó asilo político a México, argumentando persecución. El Gobierno de Claudia Sheinbaum le concedió refugio dentro de la Embajada mexicana en Lima, donde permanece sin poder salir.
UN SALVOCONDUCTO QUE NO LLEGA
El presidente peruano José Jerí confirmó el 8 de noviembre que Chávez no podrá viajar a México hasta que su administración tome una decisión formal sobre el salvoconducto.
La postura oficial es mantener silencio temporal, mientras Cancillería evalúa el impacto internacional de permitir —o bloquear— la salida de una persona acusada de rebelión.
En paralelo, el Ministerio de Exteriores anunció que Perú pedirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) revisar la Convención de Caracas de 1954, al considerar que el mecanismo de asilo político está siendo “tergiversado”.
TENSIÓN DIPLOMÁTICA EN AUMENTO
La permanencia de Chávez dentro de la Embajada mexicana ha provocado un nuevo roce entre Lima y Ciudad de México. El Gobierno peruano insiste en que el asilo político no puede utilizarse para evadir procesos penales. Mientras México sostiene su derecho soberano de brindar protección a quien considere en riesgo.
El caso se ha convertido en un símbolo de la disputa entre el derecho al asilo y la obligación de enfrentar procesos judiciales, y ahora, con la orden de captura internacional, sube de tono en un escenario donde Perú aún no define si permitirá o no la salida de la exfuncionaria.
