El municipio de Santa María Huatulco, uno de los principales polos turísticos del Pacífico mexicano, fue escenario de cuatro clausuras impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Las sanciones se aplicaron tras comprobarse obras y actividades sin autorización ambiental ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, lo que provocó afectaciones directas a ecosistemas de selva baja y mediana caducifolia, tanto dentro como fuera de un Área Natural Protegida (ANP).
DESARROLLO TURÍSTICO BAJO INVESTIGACIÓN
La primera clausura correspondió al proyecto “Paradise Cove Condo Hotel”, desarrollado por la empresa Casas de Ensueño Huatulco en la Bahía de Santa Cruz Huatulco. Durante una inspección realizada los días 12 y 13 de junio de 2025, la Profepa detectó que el complejo violó los términos de la autorización de impacto ambiental otorgada por la Semarnat en diciembre de 2022 y carecía de permiso de cambio de uso de suelo.
Las obras incluyeron desmonte de vegetación y preparación del terreno sobre 3.7 hectáreas de selva baja caducifolia, dentro de una superficie total de 5.2 hectáreas, donde se impuso clausura total temporal el 24 de octubre.
DAÑO EN EL PARQUE NACIONAL HUATULCO II
De forma paralela, entre el 21 y 23 de octubre de 2025, la Profepa encabezó un operativo de inspección forestal en el Área Natural Protegida Parque Nacional Huatulco II, con apoyo de la Guardia Nacional, la Sedena y la Policía Estatal de Oaxaca, tras denuncias ciudadanas y reportes en redes sociales sobre invasiones, lotificación y remoción de vegetación.
- Durante la operación se detectaron tres puntos de impacto ambiental severo:
- En el Sector “J”, se desmontaron 0.77 hectáreas de selva para lotificación y viviendas provisionales.
- En el mismo sector, una afectación adicional de 6.87 hectáreas mostró la conformación de terraplenes y viviendas rústicas ilegales.
- En el Sector “K”, se constató el cambio de uso de suelo en 0.64 hectáreas con el mismo propósito.
Finalmente, en un predio ubicado sobre el camino a Playa Riscalillo, se registró la remoción total de vegetación en 0.65 hectáreas para extracción de materiales pétreos.
IMPUNIDAD Y FRAGILIDAD AMBIENTAL
Las clausuras totales temporales se fundamentaron en el artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo de evitar mayores daños a los ecosistemas forestales.
Sin embargo, los hechos revelan una tendencia alarmante en el litoral oaxaqueño: el avance de proyectos turísticos y asentamientos irregulares sobre áreas con alta fragilidad ambiental y baja vigilancia institucional.
Expertos han advertido que la selva baja y mediana caducifolia, presente en esta región, es clave para el equilibrio hídrico y la biodiversidad costera, pero ha sido una de las más degradadas por el crecimiento urbano sin control.
CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES
La Profepa informó que mantendrá los procedimientos administrativos contra los responsables de las obras y que colaborará con la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar los peritajes y carpetas de investigación que correspondan.
Asimismo, se reforzará la vigilancia en la zona para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y prevenir nuevos intentos de ocupación irregular en los ecosistemas costeros y forestales de Oaxaca.
