La protesta que inició como una denuncia local en la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS) ha escalado a una movilización sin precedentes en el sistema de educación superior de Oaxaca. Docentes, administrativos y personal operativo de 10 universidades estatales —que conformaban el antiguo SUNEO— han conformado una coalición crítica frente al gobierno estatal, denunciando una serie de medidas autoritarias, violaciones a sus derechos laborales y una simulación salarial que, aseguran, busca confundir a la opinión pública.
LOS DECRETOS DE LA DISCORDIA
La raíz del conflicto se encuentra en los decretos emitidos el pasado 29 de agosto por el gobernador Salomón Jara, mediante los cuales se modificaron unilateralmente las estructuras orgánicas de las universidades públicas del estado, eliminando órganos colegiados y concentrando el poder en una Junta de Gobierno sin representación laboral ni académica.
Los trabajadores acusan que estas reformas fueron impuestas sin consulta previa, violando no solo el artículo 3° constitucional y la Ley General de Educación Superior, sino también principios fundamentales del derecho como el de irretroactividad, la seguridad jurídica y el respeto a la confianza legítima.
“La transformación no se decreta desde arriba, se construye con inclusión y respeto”, advirtieron en su posicionamiento colectivo, denunciando que los decretos representan “un retroceso autoritario disfrazado de cambio”.
DE LA “TRANSFORMACIÓN” A LA SIMULACIÓN: UNA CRÍTICA AL AUMENTO SALARIAL FICTICIO
De forma paralela, la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM) publicó en su página oficial un supuesto aumento salarial como logro de la administración estatal. Sin embargo, trabajadores de diversas universidades han desmentido esta versión.
Afirman que ese incremento no es nuevo, ya que fue gestionado desde hace meses por los ex vicerrectores, y que desde enero no se ha otorgado ningún aumento salarial generalizado. Más grave aún, denuncian que esta información ha sido replicada en otras instituciones. Esto, como parte de una campaña propagandística que busca maquillar las violaciones laborales que están enfrentando.
“Lejos de ser un logro de la actual administración, la difusión de este ‘aumento’ es una estrategia para distraer y dividir”, sostienen.
UNA COALICIÓN HISTÓRICA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
La protesta no solo es laboral: también es educativa, institucional y democrática. La coalición —integrada por 19 centros de trabajo pertenecientes a las universidades UTM, UMAR, UNISTMO, UNPA, UNSIS, UNSIJ, UNCA, UNICHA, UNCOS y NOVAUNIVERSITAS— ha emitido un posicionamiento contundente dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Salomón Jara.
Entre los puntos más relevantes del pronunciamiento destacan:
- Rechazo total a los decretos del 29 de agosto por considerarlos inconstitucionales y excluyentes.
- Demanda de representación laboral real en los órganos de gobierno de las universidades.
- Garantía plena de los derechos adquiridos, especialmente en materia salarial y de estabilidad laboral.
- Reinstauración de órganos colegiados, como los Consejos Académicos, para evitar el control autoritario desde la Junta de Gobierno.
- Protección de la figura de Profesor-Investigador de Tiempo Completo, vital para la calidad académica y el desarrollo científico.
“NO A LA IMPOSICIÓN”: UN LLAMADO A LA DIGNIDAD Y AL DIÁLOGO
El pronunciamiento hace un llamado directo y firme:
“No es posible construir justicia desde la exclusión, ni avanzar hacia la equidad ignorando las condiciones reales que enfrentamos día a día”.
La comunidad universitaria exige un diálogo público, vinculante y sin represalias. Donde las decisiones no sean tomadas de forma vertical, sino en consulta con quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento de las universidades. A su vez, denuncian prácticas de simulación, silenciamiento de voces críticas y propaganda institucional, que alejan a las universidades de sus principios fundacionales de inclusión, pluralidad y participación.
UN MODELO EN RIESGO: ¿QUÉ FUTURO TIENE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA?
Durante más de 30 años, el SUNEO fue una apuesta por el desarrollo regional con enfoque comunitario, intercultural y científico. Hoy, sus trabajadores advierten que la intervención del gobierno estatal representa una amenaza directa a ese legado. Lejos de fortalecer el sistema, los cambios promovidos —sin diálogo ni transparencia— debilitan la autonomía universitaria, erosionan la confianza institucional y ponen en riesgo la calidad educativa.
“El futuro de nuestras instituciones no puede construirse desde la imposición, sino desde el reconocimiento de la diversidad de voces”, sostienen.
¿HACIA UNA CRISIS MAYOR?
El conflicto de las universidades estatales de Oaxaca no es un caso aislado. Forma parte de un patrón creciente de autoritarismo institucional en el estado, donde diversas organizaciones sociales, magisteriales y laborales han denunciado la falta de diálogo y la imposición sistemática de decisiones unilaterales por parte del actual gobierno.
Hoy, son miles de voces desde las universidades las que exigen respeto, justicia y verdadera transformación.
¿La respuesta del gobierno será oír y corregir, o imponer y endurecer? La educación pública de Oaxaca está en juego.
