Acusaciones contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, lo han puesto en jaque: una se refiere a actos de corrupción y con la segunda enfrenta un proceso judicial por omisión de asistencia familiar y abandono de mujer embarazada.
La exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, presentó a mitad de semana una demanda por asistencia familiar contra el presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacora, ante el Juzgado Público de Familia Primero de Cochabamba.
La acción legal se suma al proceso penal que Lafuente inició anteriormente contra el mandatario por abandono de mujer embarazada, en el que ya se solicitó una prueba de ADN para verificar la paternidad.
NEGRO HISTORIAL
En octubre de 2024, el presidente de Bolivia, Luis Arce, fue denunciado este martes por una mujer que dice fue víctima de acoso y abuso de poder por parte del mandatario, a cambio, supuestamente, de ser nombrada viceministra de Deportes, algo que finalmente no ocurrió.
La mujer, identificada como Yessica V.C., presentó la denuncia en la sede del Legislativo boliviano, junto al diputado Héctor Arce Rodríguez, que pertenece al ala del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) afín al exmandario Evo Morales (2006-2019) y líder del oficialismo.
LA DEMANDA POR ABANDONO
Según su abogada, Camila Vargas, la demanda de asistencia familiar tiene como objetivo asegurar los recursos básicos para el menor: alimentación, salud, vivienda, estimulación temprana y vestimenta, bienes que, según la defensa, le corresponden por ley.
En esta demanda, se solicita una manutención mensual de Bs 6.000 y una compensación de Bs 50.000 por los gastos asumidos durante el embarazo y el nacimiento.
El presidente boliviano niega al bebé que nació en diciembre del año pasado como fruto de una relación sentimental. El mandatario se presentó el jueves a declarar ante la Fiscalía de Cochabamba, ciudad donde se interpuso la denuncia y residencia de su supuesta expareja. Allí se determinó que podrá defenderse en libertad “por la cantidad de años [menos de tres] que podría sufrir en prisión”.
