Siete días emplearon los diputados de la 66 legislatura del Congreso del estado para “estudiar” y concretar la desaparición del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO) a propuesta presentada por el gobernador Salomón Jara Cruz el 23 de julio para consideración de los legisladores.
La desaparición se dio bajo el eufemismo de “armonizar” el marco normativo vigente en esta materia en cumplimiento a la reforma constitucional del pasado 20 de diciembre de 2024, “mediante el cual, se determinó la extinción de organismos garantes de la transparencia” y poniéndose a tono con el gobierno federal con más zonas grises respecto al derecho a la información y protección de datos de los ciudadanos.
De acuerdo con los diputados habrá “un nuevo modelo y un ahorro presupuestal a favor de la hacienda pública”, pero sin explicar el órgano que sustituirá a la institución garante de la transparencia en el estado.
En una sesión extraordinaria de apenas poco más de 13 minutos, los legisladores de Morena y sus satélites determinaron desaparecer de un plumazo al OGAIPO, institución nacida hace apenas en abril de 2021.
La extinción del OGAIPO se aprobó con 30 votos a favor y dos en contra, y dio luz verde al Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 3, el cuarto párrafo del artículo 35, la fracción LXX del artículo 59; se adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 3; y se deroga el apartado C del artículo 114, de la Constitución Política de Oaxaca, en materia de simplificación orgánica y austeridad en la transparencia gubernamental, protección de datos personales y acceso a la información pública, propuesta por el gobernador, Salomón Jara Cruz.
Acta de defunción
Por lo anterior, queda extinto el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO), creado mediante Decreto No. 2473 el 14 de abril de 2021, publicado en el Periódico Oficial Extra el 01 de junio de 2021, por lo que se establecerán los mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión ante las instancias competentes.
En la exposición de motivos de la iniciativa enviada por Salomón Jara, se señala que el OGAIPO operó con opacidad durante el sexenio 2016-2022, ya que, de 67 mil 943 solicitudes de acceso a la información, solo 34 mil 215 fueron respondidas y se iniciaron 4 mil 611 recursos de revisión, con solo 2 mil 876 resoluciones ejecutadas por los sujetos obligados.
La iniciativa también planteaba la eliminación de estructuras duplicadas y la integración de funciones de transparencia en unidades administrativas de la administración pública centralizada.
El gobierno se “controlará” a sí mismo
Jara asegura que los órganos de contraloría de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos serán ahora los responsables de implementar los procedimientos que garanticen dichos derechos, sin requerir organismos intermedios. Esto, afirma, permitirá un nuevo modelo de rendición de cuentas y generará un ahorro presupuestal.
Para tal fin se integrarán unidades administrativas en las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) que asuman la competencia en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Sefin, la gran ganadora
Los recursos financieros que correspondan a la OGAIPO una vez terminada su extinción serán transferidos a la Secretaría de Finanzas (Sefin) y ésta a su vez, los transferirá a la Entidad o Dependencia que asuma las funciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Derechos laborales ¿a salvo?
Según los diputados, los derechos laborales de servidores públicos serán respetados en su totalidad en los términos de la legislación aplicable, así como también conforme a las modalidades laborales a las que estén sujetos con el Órgano Garante.
La diputada Dulce Belén Uribe Mendoza y el diputado Israel López Sánchez del partido político Morena coincidieron en señalar que esta reforma representa una “reingeniería institucional”.
Por su parte, la congresista Dulce Alejandra García Morlan de Movimiento Ciudadano y el legislador Javier Casique Zárate del Partido Revolucionario Institucional (PRI), externaron su voto en contra de la reforma.
