- Presupuesto 2024:
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- 43,871 millones 422 mil 892 pesos, recursos aprobados para el sistema penitenciario del país
- 42.6% para los Centros Penitenciarios Federales
- 57.4% para Centros Penitenciarios Estatales
Con un presupuesto anual de 318.9 millones de pesos (mdp), el sistema penitenciario del estado de Oaxaca, es uno de los que se ubica por debajo de la media nacional del gasto que se destinan a la reinserción social de las personas privadas de la libertad en el país.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2024 del Inegi, el año pasado, el presupuesto ejercido por los Centros Penitenciarios Federales (CPF) y Centros Penitenciarios Estatales (CPE), fue de 43 mil 871 millones 422 mil 892 pesos, de los cuales el 42.6 por ciento correspondió a los CPF y 57.4 por ciento a los CPE.
Del presupuesto ejercido por los CPE, los de la Ciudad de México concentraron 11.5 por ciento con más de 5 mil 060.2 mdp, en tanto la media nacional se ubicó en unos 390.2 mdp, misma cantidad que se destinó al sistema penitenciario del estado de Tabasco.
Con nueve Centros de Reinserción Social (Ceresos) y un centro especializado para adolescentes denominado Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), el sistema penitenciario del estado de Oaxaca contó con un presupuesto de 318.9 millones de pesos.
Hasta diciembre de 2024, el sistema penitenciario estatal contaba con una capacidad ocupada del 88.4 por ciento, con 3 mil 834 internas e internos que se atienden en los nueve penales y el DEMA.
Aunque el año pasado, la situación en los centros penitenciarios estatales mejoró ligeramente, aún existen rubros que las y los mismos internos, así como los organismos defensores de derechos humanos exigen mejorar.
Según los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de las principales demandas de las personas privadas de la libertad es contar con una reinserción social digna con mejores servicios de salud, así como la aplicación de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
También exigen una mejor alimentación, dotación de materiales para la higiene y evitar cualquier actividad ilícita al interior de los penales para garantizar la gobernabilidad y la seguridad de los mismos internos.
