• Obra Pública
• Contaminación
Es fundamental que el Estado garantice los derechos humanos mediante políticas públicas efectivas, acceso a la justicia y protección ante abusos. La educación en derechos y la vigilancia ciudadana son claves para prevenir violaciones. Sin un compromiso real, estos derechos quedan en el discurso y no en la práctica. Tras los sucesos ocurridos en San Pablo Etla, donde se exhibió a una mujer desnuda por presuntamente robar, los “dimes y diretes” no se han dejado de presentar entre quienes critican la actuación de los policías y aquellos que deploran la débil postura de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSPC), Iván García Álvarez aseguró que por solicitud de ciudadanos agraviados se exhibió a la mujer sin ropa y que ante la turba molesta “determinaron darle continuidad a la solicitud”. Mientras que Jesús Romero López, secretario de Gobierno, no dudó en decir que tenemos una Defensoría muy “light” y defendió el actuar de la Policía Estatal, pues su prioridad fue salvar la vida de la mujer.
La defensora Elizabeth Lara Rodríguez informó de un expediente de oficio para investigar la actuación de la Policía Estatal y municipal de San Pablo Etla y deslindar las responsabilidades institucionales que correspondan.
A la luz de los sucesos, proteger los derechos humanos es una responsabilidad fundamental del Estado y de la sociedad. Garantizar el acceso a la justicia, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el respeto a la dignidad humana debe ser una prioridad en todos los niveles de gobierno.
Es urgente fortalecer las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos, así como implementar políticas públicas con enfoque de derechos, inclusión y no discriminación. Capacitar a funcionarios, policías y servidores públicos en el respeto a los derechos fundamentales, especialmente en contextos de protesta, detenciones o atención a grupos vulnerables.
… A VUELO DE PÁJARO
Fue desconocida la presidenta municipal de Cuilapam de Guerrero, Mayra Silva, por la falta de obras y servicios, pero no sobre todo por la ineptitud que dicen, exhibe en cada una de sus acciones. Ante tales condiciones acudirán al Congreso del Estado para solicitar la desaparición de poderes y la aplicación de una auditoría, pues presumen actos de corrupción y desvío de recursos federales. También acusan que las mentes demoniacas de tales actos son de Diego de la Cruz y Víctor Leyva, quienes no solamente la impusieron como edil, sino también financiaron la campaña con dinero público.
Constructores
La industria de la construcción en Oaxaca atraviesa una de sus peores crisis en años. Constructoras locales, desde pequeñas empresas familiares hasta medianas compañías, han denunciado una preocupante parálisis de obras públicas y privadas que amenaza con colapsar el sector. La falta de inversión, la burocracia gubernamental y los retrasos en pagos han dejado a cientos de trabajadores sin empleo y a empresarios en la incertidumbre. Los empresarios han lanzado alertas sobre la disminución dramática en la licitación de obras públicas. En lo que va del año, apenas se han adjudicado proyectos, y muchos de los que fueron aprobados en presupuestos anteriores siguen sin ejecutarse.
Contaminación
Uno de los principales focos de contaminación es el vertido constante de aguas residuales sin tratamiento. Municipios, industrias y viviendas descargan diariamente miles de litros de aguas negras y sustancias químicas directamente en el cauce del río. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), más del 70% de las aguas residuales generadas en la zona metropolitana de Oaxaca no recibe tratamiento adecuado antes de llegar al Atoyac. Otro factor crítico es la acumulación de residuos sólidos. Botellas de plástico, llantas, bolsas, restos de electrodomésticos y hasta animales muertos pueden encontrarse en diversos tramos del río. Esta situación no solo afecta la calidad del agua, sino que también representa un riesgo sanitario para las comunidades cercanas, en especial durante la temporada de lluvias, cuando las inundaciones propagan los contaminantes a campos y viviendas.
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