A solo días de lo que podría ser una histórica designación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una fuerte controversia ha estallado en redes sociales y círculos políticos. Hugo Aguilar, abogado mixteco y figura con amplias posibilidades de convertirse en ministro —e incluso presidir la SCJN—, ha sido acusado por el activista ayuuk Joaquín Galván de encubrir a funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) involucrados en un caso de acoso sexual contra mujeres indígenas, incluyendo a la ya desaparecida Sandra Domínguez.
“Le ofrecieron un cheque abierto para callarla”
A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Joaquín Galván lanzó una serie de declaraciones que no solo cuestionan la trayectoria ética de Hugo Aguilar, sino que vinculan directamente al ahora candidato con intentos de encubrimiento institucional. La acusación más grave señala:
“Cuando mi compañera Sandra Domínguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar, envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio.”
La denuncia no se queda en lo general: Galván afirma que Cristian Mahatma, abogado del equipo de Aguilar, fue quien llevó a cabo esta acción.
“Mi amiga Sandra me lo reportó inmediatamente. Les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vázquez Pérez, jefe de plazas del INPI”, puntualizó Galván.
Un indígena brillante… ¿pero éticamente cuestionable?
La figura de Hugo Aguilar ha sido celebrada en medios y redes por ser un abogado indígena que ha escalado hasta la posibilidad de presidir el máximo tribunal del país.
Sin embargo, Joaquín Galván plantea una advertencia directa sobre romantizar su origen:
“Cuando su celebración por la elección de Hugo Aguilar como ministro de la corte supere al romántico ‘indígena mixteco’ que salió adelante y se le vea como un sujeto político con un montón de cosas cuestionables en la función pública que ejerció a lado de Adelfo Regino, me avisan.”
El activista no pone en duda las capacidades legales de Aguilar, pero sí su ética y su fidelidad política:
“A Hugo lo quiero mucho como abogado, es brillante —y no por ello ético siempre—, pero siempre consideré su talón de Aquiles, la lealtad ciega a Adelfo Regino.”
¿Un nuevo Benito Juárez? Una advertencia con peso histórico
En otro mensaje cargado de simbolismo, Galván lanza una crítica que podría resonar especialmente fuerte en el entorno político indígena:
“Ojalá que Hugo Aguilar redireccione su camino y NO SEA OTRO BENITO JUÁREZ y logre desapegarse del umbral de Adelfo Regino.”
La comparación con Benito Juárez —figura histórica cuya herencia es vista con orgullo pero también con críticas por sectores indígenas— añade profundidad política a la denuncia. La frase es, en sí misma, una advertencia contra el uso del origen indígena como blindaje frente a decisiones o conductas cuestionables.
Silencio institucional y ausencia de respuestas
Hasta el momento, ni Hugo Aguilar ni el INPI han emitido declaraciones oficiales para responder a las graves acusaciones. Tampoco se ha informado si existen investigaciones abiertas por los hechos denunciados.
La controversia llega en un momento clave, justo cuando la narrativa en torno a Aguilar se ha centrado en su origen étnico y su historia de superación. Aspectos que podrían estar opacando una revisión crítica de su actuación en cargos públicos.
¿Qué hay detrás de las celebraciones?
El caso Aguilar pone en evidencia la tensión entre el simbolismo de representación y la exigencia de rendición de cuentas. ¿Se está celebrando una figura por ser indígena sin analizar su historial político? ¿Hasta qué punto puede una trayectoria jurídica intachable cubrir posibles fallas éticas?
Finalmente, la posible llegada de Hugo Aguilar a la SCJN promete ser histórica, pero si estas denuncias no son investigadas a fondo, corre el riesgo de inaugurar su gestión bajo una sombra de impunidad. La Corte, institución que debe representar la justicia y la transparencia, no puede permitirse ignorar voces como la de Sandra Domínguez ni desestimar denuncias por su contexto político o identitario.
