En el marco del Día Internacional del Trabajo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a través de su Sección 22, entregó formalmente su Pliego Petitorio 2025 al Gobierno federal. En más de 100 puntos distribuidos en ejes temáticos —laborales, educativos, administrativos, económicos y políticos— el documento sintetiza demandas que, según la organización, representan “las más sentidas del gremio magisterial”.
El pliego, extenso y articulado con precisión, exige desde una abrogación total de la ley del ISSSTE de 2007 hasta el aumento del presupuesto educativo al 12% del PIB, pasando por una duplicación del salario base y la cancelación de la evaluación docente. El conjunto de exigencias deja ver tanto la persistencia de conflictos estructurales en el sistema educativo como el profundo desencanto del magisterio disidente con las reformas impulsadas por los últimos gobiernos, incluidos los de Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum.
EXIGENCIAS ESTRUCTURALES: UN CAMBIO DE PARADIGMA
Entre los puntos más relevantes destaca la petición de regresar al sistema solidario de pensiones, eliminar las AFORES y calcular las pensiones en salarios mínimos, no en UMAs. Estas propuestas apuntan a un rechazo frontal al modelo neoliberal, y cuestionan directamente pilares del sistema previsional actual. El retorno al artículo 123 constitucional, apartado B, también supone un giro hacia un esquema laboral más protegido, con reglas sindicales propias y fuera del sistema de méritos del Servicio Profesional Docente.
Igualmente, la CNTE exige cancelar reformas educativas que considera “impuestas” y “represivas”, incluyendo la eliminación de la USICAMM, el organismo que regula los procesos de ingreso y promoción docente. Se trata de una postura que defiende la lógica de escalafón sindical y rechaza evaluaciones estandarizadas. Lo cual ha sido uno de los puntos más controvertidos desde la reforma educativa de 2013.
PRESUPUESTO, SALARIOS Y DEMANDAS MATERIALES
El documento también incluye demandas económicas difíciles de ignorar: aumento salarial del 100%, rezonificación por vida cara, pagos retroactivos desde enero, devolución de descuentos indebidos, y una homologación prestacional nacional para activos y jubilados. Si bien algunas de estas exigencias responden a contextos de precarización docente —especialmente en estados del sur del país—, otras requieren recursos fiscales que rebasan, con creces, las capacidades presupuestales actuales.
Además, el pliego pide la entrega de materiales escolares gratuitos, comida en todas las escuelas públicas, infraestructura digna, internet universal, y plazas automáticas para egresados de Normales, medidas que impactarían directamente en el sistema educativo. La CNTE también solicita una cobertura integral de salud en las escuelas y la asignación inmediata de plazas a personal interino, algo que los gobiernos estatales suelen ver con cautela por los costos laborales de largo plazo.
DEMOCRACIA SINDICAL, SALUD Y DERECHOS SOCIALES
En el eje sindical, se exige la eliminación del Reglamento de Elecciones del SNTE, por considerarlo antidemocrático, así como el reconocimiento pleno de las comisiones sindicales, con sus respectivas prestaciones y derechos administrativos. A esto se suma la demanda de una mesa de diálogo permanente y resolutiva con la Presidencia. Lo cual pone en cuestión la capacidad del gobierno para mantener relaciones con sectores sindicales fuera de los canales institucionales oficiales.
En temas de salud y derechos sociales, el pliego se amplía a aspectos como el derecho universal al agua, energía eléctrica, salud digna y vivienda, además de la cancelación de concesiones a empresas privadas en estos sectores. Estas demandas, aunque legítimas en el marco de los derechos humanos, trasladan el debate magisterial hacia una dimensión más política y de confrontación ideológica con el modelo económico vigente.
¿PROPUESTAS VIABLES O MAXIMALISMO POLÍTICO?
La CNTE reitera en su pliego su voluntad política y disposición al diálogo. Sin embargo, la amplitud de sus demandas —que van desde lo laboral hasta lo constitucional, pasando por temas fiscales, ambientales y sociales— plantea una interrogante sobre su viabilidad, tanto técnica como financiera. Para los críticos, muchas de las exigencias reflejan un maximalismo político, más que una plataforma negociadora. Para sus defensores, representan justas reivindicaciones históricas, ignoradas por décadas.
EN BUSCA DE UNA NEGOCIACIÓN EFECTIVA
El documento no puede ser reducido a una lista de exigencias intransigentes. Muestra con claridad la profundidad del malestar magisterial en regiones donde la CNTE mantiene fuerza: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. También refleja una desconfianza acumulada hacia los mecanismos estatales de negociación, incluyendo la SEP y el SNTE oficialista.
Para el gobierno de Sheinbaum, el desafío no será menor: responder con seriedad y sin evasivas, sin ceder a presiones que vulneren la sostenibilidad del sistema educativo y financiero. Pero tampoco puede permitirse ignorar la fuerza política que representa un magisterio movilizado, ni subestimar las raíces estructurales de su inconformidad.
En conclusión, el Pliego Petitorio 2025 de la CNTE es un termómetro del desgaste de políticas educativas acumuladas y del reclamo de un sector que exige ser escuchado con respeto y profundidad. En tiempos donde la gobernabilidad pasa también por la legitimidad social, el equilibrio entre diálogo y responsabilidad será clave.
