Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente de Grupo Orlegi y propietario de los clubes Santos Laguna y Atlas, fue declarado prófugo de la justicia por una jueza federal, luego de no presentarse físicamente a una audiencia judicial relacionada con un caso de presunta defraudación fiscal por más de 17 millones de pesos, según información revelada por el diario Reforma.
¿QUÉ SUCEDIÓ?
La controversia comenzó el pasado 20 de marzo, cuando Irarragorri compareció vía videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón. Sin embargo, la jueza de control del caso ordenó su comparecencia presencial para el 24 de marzo. Al no asistir, Karla Cecilia Marín, asistente de registros del tribunal, lo declaró como “evadido de la justicia” y giró una orden de captura en su contra.
DEFENSA Y POSTURA LEGAL
Los abogados del empresario aseguraron que la orden de aprehensión se emitió sin cumplir con las formalidades del proceso legal, y confirmaron que ya fue presentada una demanda de amparo para proteger los derechos de su cliente.
RESPUESTA DE SANTOS LAGUNA
Tras la publicación de la orden judicial, el Club Santos Laguna emitió un comunicado oficial en el que rechazó lo que calificó como una “judicialización indebida” de un tema que, según el club, pertenece al ámbito administrativo o de interpretación fiscal.
“Es lamentable que asuntos administrativos y/o de interpretación relacionados con el Club Santos Laguna se trasladen al ámbito penal”, expresa el comunicado difundido en la web oficial del club.
La directiva también argumenta que Irarragorri no fue notificado formalmente sobre la obligación de asistir físicamente a la audiencia del 24 de marzo, y que la audiencia virtual anterior fue cancelada de forma sorpresiva, sin respetar los tiempos procesales correspondientes.
DETALLES DE LA ACUSACIÓN
La acción penal se deriva de la presunta omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a salarios de jugadores y cuerpo técnico del Santos Laguna, durante el periodo de enero a julio de 2017. La cifra estimada supera los 17 millones de pesos, y se considera un posible delito fiscal.
