Alrededor de la una de la tarde de este domingo, un grupo de civiles lanzó explosivos de fabricación casera contra las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, durante una manifestación organizada por los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El acto formaba parte de las jornadas de protesta con motivo del décimo aniversario de la trágica noche en Iguala, Guerrero.
Decenas de jóvenes, algunos con el rostro cubierto y presuntamente identificados como normalistas, participaron junto a los familiares de los desaparecidos en el mitin frente al edificio de la Segob. Durante la manifestación, se realizaron pintas en los muros del inmueble, exigiendo justicia y respuestas a un caso que, a una década de su ocurrencia, sigue sin resolverse.
EXPLOSIVOS Y GAS LACRIMÓGENO
En un momento de la protesta, un grupo no identificado lanzó varios petardos hacia las instalaciones de la Secretaría. En respuesta, las autoridades dentro del edificio arrojaron cápsulas de gas lacrimógeno hacia los manifestantes. “Es una cápsula muy pequeña, pero nos afectó a la mayoría”, comentó un integrante de la Brigada Marabunta, una organización civil que monitorea y asiste en eventos de este tipo. Según agregó, el artefacto no contaba con el número de registro habitual, lo que dificultará rastrear su procedencia.
El incidente no dejó heridos, pero causó daños materiales, principalmente vidrios rotos en la sede de la Segob. Durante varios minutos, el tráfico sobre la avenida Bucareli fue interrumpido, aunque poco después de las detonaciones la vialidad fue liberada.
MOVILIZACIÓN DE MANIFESTANTES
Desde la mañana, familiares de los estudiantes desaparecidos y jóvenes normalistas provenientes de Guerrero llegaron a la Ciudad de México a bordo de decenas de autobuses para participar en las protestas. Después del mitin en Segob, los manifestantes planeaban trasladarse al Antimonumento +43, ubicado sobre Paseo de la Reforma, frente a las oficinas del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
El pasado 27 de agosto, las familias de los 43 normalistas decidieron romper el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a la falta de avances significativos en la investigación y a la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de proporcionar información clave. Vidulfo Rosales, abogado y vocero de las familias, expresó la esperanza de que la próxima administración, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, muestre una mayor disposición para colaborar y alcanzar una resolución del caso.
A 10 años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el dolor y la indignación por la falta de justicia persisten, como lo demuestra la movilización de familiares y simpatizantes, que continúan exigiendo respuestas claras sobre el paradero de los 43 jóvenes.
