La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Lenia Batres Guadarrama, mostró ayer la importancia de la reforma al Poder judicial como una deuda histórica con los mexicanos, ante una justicia cara, elitista, lenta, clasista y corrupta.
Durante el Foro Nacional de la tercera circunscripción “Justicia para todas”, moderada por la diputada local Liz Arroyo, la ministra e invitados coincidieron en la necesidad de una reforma judicial porque la percepción de la justicia en México deja mucho que desear.
En el auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, la ministra recordó que en diversas encuestas al menos el 66% de la ciudadanía cree que los jueces son corruptos.
Durante su participación en el Foro y ante decenas de asistentes, Batres Guadarrama señaló que en México se tiene una justicia onerosa, porque tan solo el Poder Judicial de la Federación cuesta al erario más de 78 mil millones de pesos al año. Además, precisó, es elitista, invasor de facultades, insensible y abusivo.
En el Foro donde también estuvieron presentes la diputada federal de Tláhuac y presidenta de la Comisión de Administración pública local, Lupita Chavira, el doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y por la UNAM, Jaime Cárdenas, así como el diputado Juan Hugo de la Rosa, la ministra explicó además que el costo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mucho mayor al de otros países.
Así también, resaltó que todos los jueces, magistrados y ministros cobran más de lo que indica la constitución, al igual que más de 2 mil servidores públicos que incumplen ganando más de lo que gana el presidente de la República.
Durante su presentación, la ministra evidenció además los grandes gastos en fideicomisos, así como el racismo que impera en el sistema, por el cual más de 7 mil personas de origen indígena se encuentran en prisión y al menos el 85% no tuvo acceso a un intérprete.
Así como actitudes abusivas como el nepotismo, Batres Guadarrama señaló que en 2022 por medio de un estudio, se encontró que al menos el 49% de los funcionarios reportó tener dos o más familiares en el Poder judicial.
Al hablar de impunidad,2.2 millones de carpetas de investigación siguen abiertas, 96 mil 500 casos (4.7%) con auto de vinculación a proceso. En feminicidios el 88.6% son impunes, mientras que en casos conocidos por el ministerio público es del 95.3%. Hay impunidad también cuando no se sanciona por ello a los jueces, magistrados y personal del Poder judicial de la federación”.
Previo a la participación de la ministra, Liz Arroyo, presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca, destacó que este Foro se realizó para dar claridad de lo que trata la Reforma del Poder judicial y conocer sus principales propuestas, sobre todo con las mujeres, con las cuales se tiene una deuda histórica.
En el Foro donde acudieron también víctimas de la negación a la justicia, Liz Arroyo recordó que la Reforma pretende la implementación de la elección libre, secreta y universal mediante la elección popular de personas ministras, juezas de distrito, magistradas de circuito y de sala superior del Poder judicial de la federación, entre otras.
La legitimidad social de la justicia en México está rota desde hace décadas, pero quizá nunca ha estado en peor situación que ahora. Tenemos una justicia elitista, que tuerce las leyes para privilegiar a los que tienen frente a los que no tienen, que violenta a las mujeres, que castiga a la pobreza, pero que no toca a la delincuencia”.
