Un tribunal de Bélgica aplazó ayer la fecha para los argumentos sobre la extradición del destituido líder catalán Carles Puigdemont y cuatro allegados suyos, posiblemente dejándolos en Bélgica hasta después de las elecciones regionales catalanas.
La audiencia en Bruselas para los cinco catalanes es el episodio más reciente de su fuga a la capital belga y su negativa a regresar a España donde son acusados de rebelión y sedición, cargos que podrían acarrearles 25 años o más de cárcel.
Puigdemont ha anunciado planes de encabezar la campaña de su partido para las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por el gobierno central para resolver la mayor crisis institucional en las últimas cuatro décadas de historia española.
Los primeros ministros de España y Bélgica se reunieron el viernes, antes de la sesión judicial, para hablar de las relaciones bilaterales, tensas debido a la crisis sobre el futuro de los funcionarios catalanes.
El abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, dijo después de la audiencia el viernes que “daremos los argumentos el 4 de diciembre”.
Sea cual sea la decisión en ese entonces, se permitirán dos apelaciones y una decisión definitiva podría darse bien después del 21 de diciembre.
Bekaert afirmó que aunque la fiscalía pidió acceder al pedido de España de extraditar a los catalanes, la defensa tiene hasta inicios del mes próximo para entregar argumentos.
El fiscal pidió se ejecute el pedido de extradición (pero) podemos responder por escrito, de modo que nada se ha resuelto hoy”, añadió.
La fiscalía sostuvo que, bajo la ley belga, los catalanes no incurrieron en corrupción sino en una “conspiración de empleados públicos” y que “no puede haber extradición” por negarse a desempeñar cabalmente sus cargos. No mencionó los cargos que alega España: de sedición y rebelión.
El gobierno belga ha mantenido que no puede intervenir en la solicitud española de extradición porque la decisión depende de la justicia independiente. La decisión judicial del viernes puede apelarse.
Es un caso judicial basado en la separación de poderes. Depende de las autoridades judiciales”, dijo el primer ministro belga Charles Michel después de una reunión con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en un aparte de la cumbre de la Unión Europea en Gotemburgo, Suecia.
Rajoy declaró luego que respetará la decisión que tomen los tribunales belgas y que el respeto a la independencia del poder judicial y aceptar las decisiones judiciales es un principio básico de la Unión Europea y que no sería bueno cuestionar eso ahora.
Sin embargo, el tema de la extradición siguió provocando malestar.
España proporcionó al fiscal belga información sobre las condiciones de encarcelamiento a las que estaría sometido Puigdemont y los otros cuatro miembros de su gobierno si se aprueba la extradición.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo que se había enviado la información requerida, pero señaló que “España es un estado de derecho desde hace muchos años” y que “nadie nos va a dar lecciones en Europa”.
Si bien las naciones de la UE han respaldado casi invariablemente a Madrid en su enfrentamiento con Cataluña, Bélgica fue una de las primeras en criticar el empleo de la violencia policial durante el referendo del 1 de octubre. España dice que la respuesta policial fue proporcional a los hechos.
