Luego de presiones, trifulcas y la retención de autoridades municipales por al menos 5 horas, el día de ayer se dio a conocer la renuncia del presidente municipal de Santa Catarina Juquila, Felipe Juárez Guzmán, integrante de Morena como condición para su liberación.
Al respecto, a través de un comunicado difundido anoche, la Secretaría de Gobernación de Oaxaca explicó que no avalará renuncias de autoridades municipales bajo ningún tipo de presión o sometimiento; el gobierno del estado renoció que el edil fue retenido durante unas horas por un grupo de pobladores que mantenían tomado el Palacio Municipal desde hace 15 días.
De acuerdo con información los inconformes retuvieron al edil, al síndico municipal, Virgilio Vásquez Salinas, y a la madre del alcalde, identificada como Asunción Guzmán Cortés, quien es acusada de haber agredido a la ciudadana.
El presidente municipal y las personas que lo acompañaban fueron liberados alrededor de las 03:30 horas, tras la firma de una minuta en la que Juárez Guzmán presuntamente se comprometió a renunciar a su cargo al término de su Segundo Informe de Gobierno, programado para el 24 de diciembre.
Al rechazar la rebelión en la comunidad donde se encuentra el santuario de Juquila, el gobierno aclaró que “hay procedimientos legales que establece la Constitución para que una autoridad pueda separarse del cargo, sin embargo, este grupo determinó hacerlo bajo la presión y el sometimiento a la autoridad, hecho que no vamos a avalar, ya no estamos en épocas de golpe de estado en este país”, señaló.
Liderados por Edith Cruz Salinas, comisariada de Bienes Comunales, un grupo ocupó las instalaciones del Palacio Municipal. Después de 10 horas y media de protesta, alrededor de las 23:00 horas del viernes, aproximadamente 50 personas decidieron retener al edil, a la madre de este y al síndico, quienes permanecían en el interior del Ayuntamiento junto con los inconformes.
El gobierno indicó que obligar a una persona a renunciar a un cargo de elección popular no es factible, como tampoco el aceptar que si una autoridad no ha ejercido un buen gobierno pueda ser solapada por el Gobierno del Estado.
“Para eso hay procedimiento y en este caso la Constitución Mexicana señala cuál es el procedimiento para la revocación de mandato, que no es el secuestro, la presión, el chantaje ni la agresión física”, se puntualizó.
Al respecto, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López indicó “no vamos a permitir una fuente ovejuna en Santa Catarina Juquila, donde todos contra todos se agredan y después haya personas muertas y se continúe como si nada hubiera pasado. Ya vivimos esta situación hace más de 10 años y no resultó nada grato tener pérdidas de vidas humanas”, dijo.
