El cambio climático y la crisis del agua ya alcanzaron a la Zona Metropolitana de Oaxaca. Pero aun cuando el panorama es adverso, es urgente que autoridades y sociedad preserven la cordillera norte, al ser el último “macizo forestal” de los Valles Centrales de Oaxaca, señala la secretaría técnica del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO).
“Ahora como estamos con respecto a asuntos como el agua y el cambio climático, nos queda claro eso que decíamos: ‘si no conservamos lo que nos queda en el futuro quién sabe qué va a pasar’… ¡Ya estamos! Ya es una condición de urgencia. Ya llegamos (a ese futuro)”, apunta Juan José Consejo Dueñas, director del INSO y parte de la secretaría técnica de este.
Más allá de proteger el Crestón y el Fortín, que son esenciales para la subsistencia de los más de 270 mil habitantes de la ciudad de Oaxaca, Consejo Dueñas subraya que la crisis afecta a los otros 22 municipios de la zona metropolitana (que abarca a más de 738 mil habitantes actualmente). Es un problema que atañe no sólo a las autoridades municipales sino a la estatal, a la federal y al congreso local, afirma quien en las últimas décadas ha pugnado por esta conservación.
Enfrentar la crisis con propuestas como la de Paso Ancho es absurdo, señala el instituto, al ser inviable tanto en lo financiero como en lo político, social y por la distancia que implica “regresarla” a los Valles Centrales. Además, porque en la cuenca de cordillera norte sí hay agua, sólo que por el crecimiento desordenado de la zona metropolitana se va rápidamente hacia el océano Pacífico.
Basado en el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Oaxaca, que data de 1994, el director del INSO refiere que son cerca de 50 mil hectáreas las que se necesitan preservar en esta cordillera norte. Esta abarca al menos desde San Juan del Estado hasta Santo Domingo Tomaltepec, incluyendo Guelache, San Agustín Etla, San Pablo Etla, Oaxaca de Juárez y sus agencias, San Andrés Huayápam y Tlalixtac de Cabrera, entre otros municipios.
Para esto, señala que el primer paso es la urgencia y necesidad porque las autoridades de los tres órdenes de gobierno reconozcan públicamente como prioridad y de interés público dicha conservación.
Además de que este reconocimiento tenga “consecuencias jurídicas, programáticas y financieras”, en las que incluso se aborden los derechos de tenencia de la tierra y propiedad. “No se trata de fastidiar a quienes legítimamente tienen propiedades, pero reconozcan el derecho común del acceso al agua y a un ambiente sano”.
Otro paso a considerar es que se formen grupos de trabajo para concretar la conservación de esta zona y que retome las iniciativas de la sociedad civil que ya ha emprendido acciones de conservación. Como ciudadanía, lo que corresponde es reconocer que la conservación es también una tarea de la población y no solamente de las autoridades.
Regulaciones en el uso de suelo para frenar o mitigar los daños en las zonas que como en el Crestón, Fortín y otras ya han sido invadidos son otras de las propuestas de la secretaría técnica.
