A casi un año de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) efectuara una “audaz” visita de inspección al tiradero clandestino del playón del río Atoyac, a la fecha no ha emitido ninguna sanción para los recolectores privados adheridos a CATEM.
En los días previos se registraron diversas denuncias en redes sociales sobre la intención de los recolectores para volver a ocupar el playón del río como basurero a cielo abierto.
Sin embargo, la autoridad municipal dispuso de un operativo con la policía montada cuyos elementos mantienen recorridos permanentes a un costado del lecho del afluente, altamente contaminado.
La misión de los uniformados es evitar que los operadores de la CATEM vuelvan a apropiarse del espacio y comiencen con el vaciado de desechos orgánicos e inorgánicos sin la autorización de la autoridad ambiental y estatal.
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No obstante, por las festividades de la Guelaguetza 2023, la autoridad capitalina fue obligada a levantar las toneladas de desechos y enviarlas a otros estados vecinos con cargo al erario de los oaxaqueños.
Pero, la falta de un espacio en donde tirar esa basura, no ha sido obstáculo para que los agremiados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, sigan recolectando residuos en las colonias de los municipios conurbados, cobrando de 15 pesos la bolsa chica hasta los 30 o 45 pesos por bolsa de basura grande.
En tanto, la Profepa no ha vuelto al sitio en donde operaron los recolectores sin mayor problema a lo largo de siete meses aproximadamente, de donde aún sigue la incertidumbre entre los vecinos por la reactivación del sitio.
La mayor preocupación es el foco de contaminación que es, dada la exposición a cielo abierto de los desechos de todo tipo, además de la omisión de los diversos niveles de gobierno.
Los comerciantes de la zona de Bodegas de fruta de la Central de Abasto y vecinos han solicitado al gobierno capitalino la cancelación de su zona de trasferencia de basura, sin que les hayan dado una respuesta favorable.
