MADRID.
El presidente cesado de Cataluña, Carles Puigdemont, y cinco miembros de su Govern, viajaron este lunes a Bruselas, el mismo día que la Fiscalía General del Estado presentó querellas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra Puigdemont, su gobierno y los miembros de la Mesa del Parlament catalán por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, por su responsabilidad en la declaración de independencia de Cataluña.
Algunos medios españoles (la televisora LaSexta y El Periódico de Cataluña) afirman que Puigdemont y su equipo podría solicitar asilo político en Bruselas.
Se espera una comparecencia pública de Puigdemont en el transcurso de la tarde.
La atención pública de este lunes estaba centrada en el primer día laborable tras la declaración de independencia de Cataluña y de la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de intervenir la comunidad autónoma y cesar a todo el gobierno catalán.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza informó que presentó dos querellas contra Puigdemont, los miembros del hoy gobierno cesado y la mesa del Parlament y que se perseguirán otros “delitos conexos” a los citados anteriormente, lo cual podría llevar a aplicar medidas cautelares como el ingreso a prisión.
La querella presentada en el Tribunal Supremo incluye a todos los acusados que tienen fuero constitucional, es decir, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los otros diputados miembros de la Mesa Directiva, en tanto que la presentada en la Audiencia Nacional está dirigida contra veinte miembros del Govern, encabezados por Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras.
En la lista está Santi Vila, conseller de Empresas que dimitió el jueves por estar en desacuerdo con la Declaración Unilateral de Independencia. Su caso tiene un amplio simbolismo, porque es amigo cercano de Puigdemont, pero fijó una posición contraria a la del president.
Maza dijo que en las querellas se pide la declaración de todos ellos y se pedirá medidas cautelares.
Asimismo, la querella pide se imponga a los acusados una fianza de 6.2 millones de euros para “asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados”.
Precisa que esta suma –que es lo que se estima costó la organización y celebración del referéndum del 1 de octubre (1-O)— la deberían abonar en forma solidaria todos los querellados.
En la comparecencia, sin preguntas, el fiscal Maza señaló que los miembros del Govern cesados el viernes pasado, produjeron “una crisis institucional” que terminó con la proclamación de la independencia.
A la par, Puigdemont emitió un mensaje el sábado pasado, en el que no asumía su cese y el de su Govern, ni el resto de las medidas que el gobierno de Mariano Rajoy aprobó para intervenir Cataluña, y pidió una “resistencia democrática”.
El mensaje, grabado previamente y difundido por la televisión pública catalana, TV3 (que lo consideró aún como President), se transmitió mientras una televisión española lo encontró comiendo en Girona, el ayuntamiento que gobernó antes de ocupar la presidencia catalana.
Sin embargo, todos los medios esperaban su aparición pública en su despacho en el Palacio de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume de Barcelona, pero no se supo de él hasta el mediodía, cuando se conoció que se encontraba refugiado en Bruselas acompañado por varios miembros de su gobierno.
El exconseller de Territorio de la Generalitat, Josep Rull fue el único que se presentó en su despacho y publicó una imagen en redes sociales donde está en su escritorio y frente a la computadora, con el mensaje: “En el despacho, ejerciendo las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo de Catalunya” y con la etiqueta #seguim (seguimos, en catalán).
Eldiario.es aseguró que Puigdemont tomó la decisión de viajar a Bruselas asesorado por un equipo jurídico que le recomendó permanecer en ese país para forzar a la justicia española a profundizar en las acusaciones que le señalan como el máximo responsable de la comisión del delito de rebelión.
Con esta medida buscaría internacionalizar las decisiones judiciales de España en su contra, debido a que eso obligaría a la justicia belga a posicionarse sobre la posible emisión de una euroorden de detención promovida por España. Una opción sería pedir asilo político.
El domingo, el secretario de Estado de Asilo y Migración belga, Theo Francken abrió la puerta a darle asilo político a Puigdemont, lo que provocó polémica. Después, el primer ministro belga, Charles Michel, corrigió.
