Aunque el añejo conflicto político social que se vive en la zona Triqui del estado de Oaxaca, tiene antecedentes de hace más de 80 años, en la última década al menos mil 200 indígenas pertenecientes a esta etnia han sido desplazadas por la violencia.
El mayor desplazamiento forzado interno inició en el 2010 en la comunidad de San Juan Copala, perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca, cuando se radicalizaron los enfrentamientos entre las organizaciones sociales que buscaban el control político como son el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), la Unidad de Bienestar Social en la Región Triqui (Ubisort) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).
Los antecedentes de las organizaciones datan del año 2007 cuando declararon la comunidad con un gobierno independiente, sin embargo, ante los conflictos internos que surgieron, se desató la violencia que provocó un éxodo interno que se agudizó en la última década con decenas de asesinatos y convirtiendo a San Juan Copala en un pueblo fantasma.
En el 2008 los asesinatos de las indígenas triquis Felícitas Martínez y Teresa Bautista, quienes fungían como locutoras de una estación de radio local, generó una indignación nacional e internacional, ya que habían denunciado que el pueblo estaba cercado por un grupo paramilitar.
2010, la emboscada
En un intento por denunciar las violaciones a los derechos humanos y la violencia que se vivía en San Juan Copala, diversas organizaciones sociales realizaron una caravana que tenía como propósito romper el cerco paramilitar en el 2010, pero nuevamente surgió una emboscada que terminó con la vida de la activista Betty Cariño y del observador internacional de derechos humanos, Jiry Jaakola.
Tras estos hechos, los gobiernos estatal y federal enviaron fuerzas de seguridad para resguardar a los indígenas triquis que se vieron obligados a dejar sus hogares, en tanto organismos internacionales les dictaron medidas cautelares para que el gobierno de Oaxaca les brindara condiciones de seguridad y su reubicación en la ciudad de capital.
Fue entonces que miles de indígenas triquis tomaron las calles para exigir justicia por sus compañeros asesinados, mientras otros fueron acusados por lucrar con la tragedia del pueblo triquis al obtener beneficios económicos durante el éxodo que se vive desde 2010.
De acuerdo con datos de análisis de inteligencia que han realizado organismos gubernamentales y de derechos humanos, la misma situación se ha vivido en las comunidades de Yosoyuxi, Copala, también perteneciente a Santiago Juxtlahuaca, en donde se ha denunciado la presencia de grupos paramilitares que han desembocado en emboscadas y asesinatos de dirigentes regionales.
Miles de personas desplazadas por violencia
La violencia también se ha extendido en otras localidades triquis como La Sabana, El Rastrojo y actualmente en Tierra Blanca, Copala, donde al menos 200 familias se vieron obligadas a desplazarse debido a la violencia.
En total, las autoridades y organismos autónomos de derechos humanos, estiman que en estos 12 años de violencia, de la zona triqui han huido alrededor de mil 200 indígenas, algunas se refugiaron en la zona de Juxtlahuaca, otros en Putla Villa de Guerrero, pero en su gran mayoría se encuentran el a ciudad de Oaxaca.
Únicamente de San Juan Copala, entre el 2010 al 2015 se reportó el desplazamiento forzado interno de 800 indígenas, mientras el segundo éxodo más grandes se reportó apenas el 26 de diciembre de 2020, cuando 200 familias, entre ellos, niños, niñas, mujeres y adultos huyeron de Tierra Blanca debido a los frecuentes hechos de violencia, incluso varios indígenas reportaron la quema de sus casas.
Más de 80 muertos reporta MULT
Otro hecho de violencia ocurrió en la zona triqui el 9 de febrero cuando cuatro militantes del MULT, originarios de Tierra Blanca, fueron emboscados en una curva antes de llegar a la comunidad de Concepción Carrizal mientras se trasladaban al hospital de Putla Villa de Guerrero.
En estos hechos perdieron la vida Gabina Martínez de Jesús, Leodegario Cruz de Jesús de 32 años de edad y María Ramírez Martínez de 80 años, en tanto Antonio de Jesús Martínez de 85 años, resultó gravemente herido.
Estos hechos ocurrieron en el marco de los trabajos que realizaban las autoridades estatales y federales para buscar la pacificación en la nación triqui mediante la Mesa de Retorno y de Paz, con lo que se pretendía atender de manera integral a los indígenas desplazados.
En este contexto, los dirigentes del MULT informaron que desde que resurgió la violencia en la zona, del 2005 al 2023, más de 80 de sus militantes han sido asesinados en estas comunidades por grupos paramilitares, así también los representantes de las organizaciones como la Ubisort y MULTI han reportado varios de sus compañeros asesinados, por lo que las organizaciones se acusan mutuamente de los hechos de violencia.
Tres sexenios, tres intentos de pacificación
Desde el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, las organizaciones sociales que tienen presencia en la región triqui, han firmado diversos acuerdos para tratar de frenar la violencia, la primera firma se pactó el 25 de enero de 2012 con la presencia de representantes de organismos internacionales en materia de derechos humanos, pero los hechos de violencia no cesaron.
En el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, nuevamente se realizaron varios esfuerzos para atender el conflicto, en el que se pactaron al menos dos firmas de reconciliación y paz social, la última a raíz de la violencia generalizada en Tierra Blanca el pasado mes de mayo de 2022, en el que los representantes de la nación triqui pactaron un convenio de no agresión entre las familias.
Nuevo gobierno
Con la llegada del nuevo gobierno de Salomón Jara Cruz, los dirigentes de las organizaciones y las autoridades alistaban un nuevo pacto de paz y retorno, lo que quedó suspendido tras la emboscada y asesinato de tres indígenas triquis integrantes del MULT.
El gobierno estatal informó que estos hechos se suscitan en el marco de la preparación inmediata del retorno de las personas originarias de Tierra Blanca que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno y en la víspera de la visita de las instituciones de los Gobiernos Federal y Estatal a Tierra Blanca.
Por lo que se suman a los otros ocho eventos violentos que se tienen contabilizados desde el año 2022 a la fecha, que han dejado como resultado ocho asesinatos y otros delitos, los cuales también han ocurrido previo a los intentos de retorno.
En ese sentido, convocó a las y los actores inmersos en el conflicto a respetar los acuerdos firmados, a actuar de manera genuina y anteponer la vida, dignidad y derechos humanos de las personas en situación de desplazamiento forzado interno y en general de las personas triquis, por encima de intereses políticos, económicos o de otra índole.
