El Poder Judicial del Estado de Oaxaca ha desarrollado mecanismos y adoptado protocolos especializados para las personas que imparten justicia en casos donde involucren a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de salvaguardar en todo momento el Interés Superior de la Niñez y garantizar plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Sobre este tema, la jueza Séptimo Familiar del Centro y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Poder Judicial del Estado, licenciada Adriana López Arango, indicó que, en estos asuntos, que en su mayoría se relacionan con las demandas de pensión alimenticia, convivencia, guarda y custodia, abusos o maltratos, entre otros, las y los menores de edad tienen el derecho a ser escuchados y también a que se valore su opinión.
Cuando una niña, niño o adolescente nos abre su corazón y nos cuenta todo lo que está sucediendo en su núcleo familiar, nosotros como autoridad tenemos esa obligación de devolverle explicándole de qué manera fueron tomadas en cuenta sus consideraciones”, comentó.
Resaltó que las y los jueces se apoyan de peritos psicólogos o incluso el mismo juzgador puede realizar la escucha en un ambiente de confianza y privado, con el fin de que el menor de edad pueda externar sus puntos de vista sin que se sienta culpable de lo que diga, salvaguardando en todo momento sus derechos.
La jueza Séptimo Familiar del Centro, explicó que de acuerdo a la legislación, las niñas y niños tienen derecho a ser escuchados por el juez, independientemente de su edad y que dicha comunicación se dé de manera libre y espontánea, con un lenguaje adecuado.
Se trata de valorar su opinión de manera congruente y dictar una decisión a partir de la adecuada ponderación entre lo que el niño expresa y el contexto de la controversia familiar. Entre más capacidades tenga la niñez para expresarse, los medios y los mecanismos tendrán que adaptarse a ese desarrollo”, dijo.
Para el titular del Poder Judicial, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el marco de las obligaciones que determina la Constitución Política de México y los tratados y convenciones internacionales firmados por nuestro país en la materia, es prioridad pues de esa manera se contribuye a su desarrollo integral y el bienestar del entorno en el que viven.
