De no modificarse severamente la política y estrategia pública en torno de las lenguas indígenas mexicanas, en 90 años desaparecerán en su totalidad, aseguraron organizaciones de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (RENITLI), que además hicieron un llamado a las instituciones correspondientes a garantizar mejores condiciones para los hablantes de lenguas indígenas nacionales, pues es su derecho a contar con la asistencia de intérpretes y traductores.
Esto a propósito de la denuncia que hicieron de que actualmente el 45% de los indígenas mexicanos que se encuentran en un proceso judicial no tienen asignado un intérprete para apoyarlos en sus casos, y esa es una violación al derecho fundamental consignado en la Constitución Mexicana de poder hacer uso de cualquier lengua originaria en foros y espacios públicos dentro del territorio mexicano.
Pero además dijeron que urge definir los aranceles de los intérpretes y traductores con base en las realidades de cada región sociolingüística del país, considerando factores como la migración, índices de desarrollo, número de hablantes de lenguas indígenas, entre otros. Y denunciaron el racismo que existe hacia las y los intérpretes “como un problema estructural que debe ser erradicado para un ejercicio pleno de los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas”.
Durante la presentación de los hallazgos del proyecto “Acciones para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas; la Incidencia de los Derechos Lingüísticos en los Sistemas Normativos y la Aplicación de la Justicia en México”, integrantes de la RENITLI aseguraron que en el diagnóstico nacional sobre políticas públicas y experiencias en la formación y empleabilidad de los y las intérpretes en los servicios públicos, las lenguas indígenas nacionales se encuentran en constante riesgo de desaparición al ser desplazadas por el español en los ámbitos públicos.
Con base en los diálogos durante tres foros regionales, en los que participaron 106 intérpretes y traductores de lenguas indígenas, concluyeron que enfrentan la falta de pago por su labor como intérpretes traductores en los órganos de administración y procuración de justicia, donde “persiste una política de racismo institucional”.
Ante lo cual y con el objetivo de incidir en las políticas públicas para garantizar la empleabilidad y formación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, presentaron el Diagnóstico nacional sobre políticas públicas y experiencias en la formación y empleabilidad en los servicios públicos y un Plan de trabajo Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (RENITLI).
La Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (RENITLI) será la responsable de gestionar y materializar a partir del diagnóstico nacional, el presente trabajo, con el fin de contribuir al pleno ejercicio de los derechos lingüísticos en el ámbito de procuración y acceso a la justicia de las personas, pueblos y comunidades indígenas, como parte de un derecho humano”, señalaron.
Afirmaron también que el Estado mexicano tiene un amplio marco jurídico a favor de los derechos de la población indígena, puesto que, desde el año 2001 mediante una reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce como un Estado pluricultural, “sin embargo, en la práctica aún existe una gran brecha para su implementación”.
Es urgente que las instituciones correspondientes trabajen coordinadamente para formar profesionalmente y mejorar las condiciones de empleabilidad y pago de intérpretes y traductores de lenguas indígenas”, señalaron y agregaron que a nivel internacional existe una constante preocupación ante la acelerada pérdida de lenguas indígenas, misma que ha motivado que la Asamblea General de ONU designó el periodo 2022-2032 como el “Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo”.
