Hace unas semanas mi familia completa tuvo un accidente automovilístico. Ellos se transportaban en una camioneta y pararon en un alto cuando un conductor en estado de ebriedad los chocó por la parte trasera con un vehículo muy superior en tamaño y potencia. Los arrastró ocho metros hacia adelante. Afortunadamente, un tráiler, que iba a exceso de velocidad en la calle perpendicular, logró esquivarlos; si no hubiese sido así, la colisión hubiera sido fatal.
Como ése -y muchos otros más lamentables- fueron los accidentes que se contabilizaron en Oaxaca durante la temporada de fiestas decembrinas. De acuerdo con el titular de la Policía Vial Estatal, Toribio López Sánchez, en un periodo de 40 días, ese cuerpo de seguridad contabilizó 139 accidentes al fin de semana del 08 de enero de 2023.
El mayor número de accidentes se concentraron en la carretera 190, que va de la capital hacia Mitla, y que habitualmente es usada como autopista siendo una carretera de baja velocidad, señalaba el titular de la Policía Vial.
Entre volcaduras, colisiones, alcances y carambolas se causó la muerte de más de 30 personas. Se trata de un incremento relevante para la métrica histórica del Estado. Y eso sin considerar otros tantos accidentes en los que la institución no tuvo intervención y por tanto escapan de los indicadores.
¿Las causas más frecuentes? Exceso de velocidad, uso del teléfono celular al conducir, cansancio y, -como lo fue en el caso del conductor que chocó en contra del vehículo de mi familia- el alcohol.
Todos podemos tener un accidente, sí. Pero el gran problema de los accidentes automovilísticos es que en la vasta mayoría de los casos son completamente prevenibles.
Es una decisión la que hace la diferencia entre la vida y la muerte, o -como mínimo- entre la tranquilidad y pérdidas económicas.
En el caso de mi familia fueron pérdidas materiales, sobre todo. Como el conductor se encontraba en estado de ebriedad había dos alternativas: la primera, ir por la vía penal para que respondiera por todo el daño (lo que implicaba un proceso larguísimo que iniciaba con unas diez horas continuas en el Ministerio Público y probablemente varios meses para que se determinara la sentencia en la vía jurisdiccional y otros tanto para ver si el responsable pagaba los daños o iniciar de nuevo una acción legal para obligar el pago y reparación).
La segunda, obviar que individuo se encontraba ahogado en alcohol y optar por la actuación inmediata del seguro lo que garantizaba la reparación del vehículo o su reposición total, así como atención médica, pero sin ninguna sanción para el infractor y ninguna reposición de las pérdidas económicas que causaba no contar con el vehículo durante su periodo de reparación que podría implicar varios meses. Cualquiera de las dos opciones no es justicia.
En otros tantos casos, donde las personas heridas quedan con discapacidad temporal o permanente, donde les arrebatan la vida de sus familias, su esperanza y un futuro, mucho menos podríamos avizorar algo de justicia.
Y todo parte de una decisión. Si bien las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de realizar acciones para prevenir y atender accidentes, la responsabilidad mayor y primaria reside en las personas que nos ponemos detrás del volante.
Por irresponsabilidad o arrogancia, una simple decisión cambia la vida propia y de personas desconocidas de manera catastrófica en cuestión de segundos. Asumamos la carga que implica conducir un vehículo. No es algo trivial ni se trata de un derecho. El futuro de otros y el propio está en juego.
@GalateaSwanson
