Sin un nuevo relleno sanitario (del que se informó en noviembre) y con más de 20 millones de pesos gastados en traslados de basura a otros estados, el municipio de Oaxaca de Juárez concluye el 2022 con problemas para el manejo de sus residuos.
Hasta este viernes, y en espera de un plan interinstitucional de corto plazo, el ayuntamiento solo había informado que se comprará una bomba para empezar a tratar los lixiviados en el anterior relleno, el de Zaachila. Asimismo, que se ultimaban detalles para el primer envío de pacas de residuos para su aprovechamiento en una empresa cementera.
Junto al plan para el saneamiento del tiradero de Zaachila, se contempla también que los tres órdenes de gobierno trabajen en una celda emergente ante la crisis.
Desde el 8 de octubre, con el cierre del tiradero que operó 42 años, la ciudad padece una crisis sanitaria. Lo mismo que una veintena de municipios conurbados que usaron ese espacio.
Francisco Martínez Neri, edil capitalino, afirmó en su informe de gobierno que el problema se resolverá y será con ayuda de la Federación, que se comprometió a aportar recursos. Además de que ya se instaló una mesa interinstitucional con el gobierno estatal, el congreso local y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es esta la que ha de presentar el plan la próxima semana, tras un plazo de 15 días.
La crisis por la falta de un relleno sanitario ha afectado principalmente a Oaxaca de Juárez, ciudad patrimonio mundial que hasta 2019 llevaba 550 toneladas diarias al tiradero ubicado en la agencia Vicente Guerrero, Zaachila. Aunque en temporadas turísticas y en los últimos años se estimaban en casi 800 toneladas.
Desde el cierre del tiradero, la capital pasó por varios días sin recolección. El 12 de octubre inició la recolección de orgánicos con 7 nuevas camionetas que resultaron insuficientes.
Los tiraderos a cielo abierto, en torno a la Central de Abasto y alrededores del centro histórico, han sido constantes en esta crisis, por la que incluso se pidió solicitar la declaratoria de emergencia sanitaria ante la federación.
A estos se sumó el tiradero que recolectores particulares instalaron desde julio en el playón del río Atoyac (luego de la negativa de acceso al relleno de Zaachila). Por esto y por haber usado el cuartel inconcluso como basurero temporal, el municipio capitalino ha enfrentado denuncias y procesos sancionadores de parte del estado y la federación.
Los más de 270 mil habitantes de la ciudad han padecido la crisis y rezagos en la recolección, que se retomó en algunos días de octubre y de manera más constante desde finales de noviembre, pero aún con rezagos.
En medio de la crisis sanitaria y financiera, el ayuntamiento capitalino solicitó el 13 de octubre un apoyo extraordinario ante el gobierno estatal. Días después este se otorgó con el depósito de 5 millones de pesos.
Pero la crisis escaló en varios momentos, al punto de que el Sindicato Independiente 3 de Marzo protestó al menos un par de ocasiones. El 31 de octubre el ente decretó un paro hasta tener un depósito temporal al cual llevar os residuos. Y es que días antes, el 29, la administración del Aeropuerto Internacional impidió el acceso de camiones municipales que llevaban residuos orgánicos a las zanjas del bosque El Tequio.
El cuartel ya estaba a su máxima capacidad y en la noche del 1 de noviembre el entonces gobernador, Alejandro Murat, y el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, anunciaron que ya se contaba con un terreno en el cual se iba a instalar un “centro de acopio” para el tratamiento de residuos sólidos durante 20 años.
Aunque este no podría usarse sino dentro de un mes. Pero la compra nunca se concretó debido a problemas legales con la propiedad del sitio, explicó después el edil.
El 4 de noviembre, el Sindicato Independiente 3 de Marzo protestó nuevamente en exigencia de un tiradero temporal y la reapertura del de Zaachila. La Plaza de la Danza y alrededores del zócalo se convirtieron en tiraderos, luego de que los sindicalizados alentaron a la población a dejar su basura en esos “centros de acopio”.
Tras lograr una tregua con los sindicalizados, el municipio enfrentó otro problema: la retención de nueve camiones en San Pablo Etla que llevaban residuos orgánicos a un predio particular el 7 de noviembre. Una multa de 5 millones 200 mil pesos fue el castigo de este y otros municipios etecos a la capital, misma que se defendió para evitar la multa.
En medio de ello el sindicato pidió ayuda al gobierno estatal, el que cedió los terrenos de la fábrica de Ex Triplay como tiradero temporal. Esto generó la protesta de vecinos de San Juan Chapultepec y el posterior retiro de la basura en camiones góndolas con que el ayuntamiento había empezado a trasladar los residuos a Puebla el 8 de noviembre.
El 10 de noviembre, el cabildo acordó solicitar mediante el gobierno estatal una declaratoria de emergencia sanitaria ante la Cofepris. Días después, vecinos del fraccionamiento Valle Esmeralda doblegaron al ayuntamiento para que dejara de usar el cuartel inconcluso como basurero temporal.
El gobierno de Puebla se manifestó en contra del recibimiento de residuos, por lo que desde el 12 de noviembre el municipio tuvo que buscar otros destinos, los que sigue sin revelar.
Luego de algunas semanas de conflicto, el municipio capitalino se arregló con las autoridades etecas y recuperó sus camiones el 24 de noviembre. Pero aunque mantiene los traslados de residuos sigue sin una solución de fondo a la crisis.
