Por el momento de mantiene encarcelado a un bebé de apenas un año de edad junto a sus padres desde hace aproximadamente siete meses en el sótano del Palacio Municipal, el cual se encuentra habilitado como cárcel, de acuerdo con las denuncias de habitantes dicho acto es llevado a cabo por las autoridades municipales de Santo Domingo Teojomulco, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca.
Las personas que responden a los nombres de Erika D. y Rubén G. fueron acusados el pasado domingo 29 de mayo de 2022 por presuntamente haber desviado recursos de una gasolinera comunitaria, de la cual eran los encargados de administrarla.
Ambos sujetos fueron señalados por dicho delito, además fueron encontrados culpables sin que las autoridades les dieran siquiera la oportunidad de presentar algún tipo de documentación referente a la labor que realizaban y sin que se les permitiera tener acceso a una defensa, según información publicada por medios locales.
Actualmente el municipio se rige bajo el sistema normativo interno de “usos y costumbres” y con el sistema de “justicia carcelaria”, el cual fue impuesto por la autoridad de la región, misma que es encabezada por Otoniel C. D.
De tal forma que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) indicó que se reconocía la jurisdicción normativa de las comunidades indígenas para poder establecer sanciones, esas mismas también cuentan con límites.
Cabe señalar que Santo Domingo Teojomulco se trata de una región montañosa que se ubica a 136 kilómetros de distancia de la capital de Oaxaca y de acuerdo con el censo más reciente llevado a cabo en esa región, se estima que dicha comunidad esté poblada por al menos 5 mil personas indígenas.
“De acuerdo con las leyes vigentes en el país, el arresto por faltas administrativas en centros municipales no debería superar las 36 horas”, recalcó la DDHPO. Es así que lanzó la advertencia de que el arresto de la menor en conjunto con sus padres es un claro ejemplo de “una grave violación a los derechos humanos”.
Asimismo, los diputados de la Legislatura del Congreso del Estado invitó a la Fiscalía General del Estado (FGJ) del estado de Oaxaca a que de forma inmediata pusiera en libertad a la menor, a sus padres y aquellas personas que se encuentren privadas ilegalmente de su libertad.
Es importante recordar que la señora Erika y el señor Rubén fueron sentenciados 15 años y seis meses de prisión respectivamente, es cumplir esa sentencia o pagar las cantidades de 10 millones y un millón de pesos para que puedan recuperar su libertad.
Desde el pasado mes de octubre, el alcalde se habría negado a llevar a cabo una entrevista con un medio de comunicación estatal referente al tema de los padres encarcelados con la menor, a pesar de que los habitantes sostienen su versión, sin embargo no se atreven a revelar sus nombres porque tienen miedo de sufrir represalias.
Un hombre que responde al nombre de Rubén S. fue quien denunció por medio de redes sociales una carta en la cual demuestra que fue condenado a tres años de cárcel en Santo Domingo por intentar dar a conocer el caso de la pareja privada de su libertad junto con una menor de edad, hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre el caso.
