Hace al menos mes y medio, en la zona cercana a Salina Cruz se dieron hechos en verdad preocupantes que vecinos y pescadores denunciaron con toda oportunidad: se presentaron varios derrames de hidrocarburo propiciado por negligencia de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Dada la protección excesiva que dicha dependencia federal tiene de parte del gobierno de la República, ni diputados federales ni locales se pronunciaron al respecto, pese a que la mancha afectó gravemente kilómetros de litoral, incluso con el riesgo de llegar hasta la zona turística de Huatulco. Cientos de pescadores de varias agencias como Bahía la Ventosa, Guelaguchi, Playa Brasil, Playa Cangrejo y otras, denunciaron con fotos y videos el terrible daño ambiental a su entorno, de donde ellos y sus familias viven.
Es de destacar el silencio al respecto, de dependencias federales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la misma Procuraduría Federal para la Defensa del Medio Ambiente (Profepa), así como de las instancias estatales como la desaparecida Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) y la procuraduría respectiva. Poco después se dio un incidente grave de contaminación en la zona cercana a Matías Romero, luego de que presuntos huachicoleros rompieran un ducto, propiciando el derrame de gasolina, con la consecuente afectación a la flora, la fauna y a la población. Ni sanciones ni reclamos a la referida empresa paraestatal. Todo se ha llevado con profundo hermetismo, no obstante, las declaraciones de las autoridades que concluyeron su gestión el pasado 30 de noviembre.
Desde el fin de semana pasado, pobladores de las agencias de Donají, Tolosita y decenas de comunidades, salieron de las mismas dejando abandonados sus viviendas, animales y terrenos de cultivo, ante una brutal fuga de amoníaco de un tubo que corresponde a Petróleos Mexicanos. La información que se dio a conocer provino de las redes sociales en las que se da cuenta de que centenas de personas, hombres, mujeres y niños se fueron a refugiar a la comunidad de Palomares, sólo con la ropa que llevaban puesta, ante el penetrante olor que invadió kilómetros a la redonda. Una vez más, no se dio ningún pronunciamiento ni, mucho menos, posicionamiento legislativo o del gobierno estatal, exigiendo a la referida paraestatal, pagar los daños ocasionados tanto por el derrame de hidrocarburos como de las fugas de amoníaco.
¿Nuevo órgano de fiscalización?
Al tenor de la entrada del nuevo gobierno y su persistencia en la lucha contra la corrupción y los malos manejos, los y las diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la LXV Legislatura local, ya festinan la desaparición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) y la creación de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFEO) que, como puede observarse, tal parece que sólo cambia de nombre en un término. Si bien es cierto que la primera dejó mucho que desear ante la sociedad, habida cuenta de que su composición entre titular y sub-auditores, siempre dejó la sospecha de la complicidad y la connivencia, habrá que ver qué tanto se quiere limpiar dicha imagen y darle al citado órgano de fiscalización facultades en efecto operativas y de investigación para que no asemeje el elefante blanco que para muchos fue el OSFEO.
Es importante recordar que se trata de una tercera denominación en tres administraciones diferentes. En el gobierno de Gabino Cué (2010-2016) se creó la Auditoría Superior del Estado (ASE), la cual, para muchos, nunca cumplió su objetivo de supervisar el uso de los recursos públicos no sólo cumpliendo lo que la ley vigente le otorga a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, sino las expectativas para las que fue creada. Las denuncias sobre arreglos y complicidades entre funcionarios y ediles, a través de despachos paralelos, fueron comunes.
Hay que recordar que presidentes municipales que tuvieran problemas de comprobación podían resolverlo si acudía a un despacho, propiedad de alguno de los funcionarios quienes les limpiaban los expedientes, es decir, hicieron de la prevaricación su norma de trabajo. El OSFEO se creó en el primer año de gobierno de Alejandro Murat (2016-2022). Pese a la participación de profesionistas de probada capacidad para el cargo más importante, éste le fue concedido a través de una y mil maniobras al desaparecido Guillermo Megchún, un conocido contador chiapaneco, que fue Secretario de Finanzas en el gobierno de José Murat (1998-2004). El aludido llegó con un ejército de paisanos suyos que, la mayor parte del tiempo estaban ausentes de sus funciones. Los sub-auditores fueron cuotas de partidos políticos. Si lo que se busca es mejorar la fiscalización, el Congreso local debe, en primer lugar, hacer una verdadera convocatoria para el cargo y no simulación.
