Uno de los temas que se dio a poco de que asumiera funciones el nuevo gobierno, fue la retención y privación ilegal de la libertad, por un conflicto de corte político-electoral en la comunidad de San Martín Peras, distrito de Juxtlahuaca. Azuzados por quien pretende ser presidente municipal, dos mujeres, esposa y suegra del edil en funciones, Román Juárez Velasco, fueron mantenidas en la cárcel de la comunidad, además de otros servidores públicos. La lista creció la semana pasada, cuando fueron privados igualmente de la libertad, trabajadores de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal, que habían acudido a pagar las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad. La cifra de retenidos y privados de la libertad se elevó, hasta el viernes pasado, a 15 personas. Se trata de un hecho a todas luces delictivo, tipificado como secuestro, el mismo que tiene penas graves en el Código de Procedimientos Penales.
Las notas y datos sobre este ilícito han fluido. No conformes con actuar al filo de la ley, los seguidores de quien pretende ser autoridad municipal, han tratado de silenciar a compañeros que han dado puntual seguimiento a dicha acción. Es el caso de la compañera Mayra Ricárdez, quien ha sido amenazada y hostigada por cumplir con su tarea de informar, sin mayor propósito que ello, sin tomar partido que, no es labor nuestra. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que, pese a la gravedad de los hechos, durante días no se supo del posicionamiento oficial al respecto, dando a entender que, por cuestiones de tipo electoral los responsables de la comisión de ilícitos como éste pueden actuar con absoluta impunidad. No es la primera vez que gente inocente tiene que pagar los platos rotos de otros, así sean familiares.
El asunto está sentando un mal precedente para el futuro. Ahora, cualquier grupo inconforme con el resultado de la votación puede presionar al gobierno para torcer los resultados, privando de la libertad de manera ilegal, a quienes consideran sus adversarios. Siempre hemos insistido en que nadie está por encima de la ley, por tanto, sean los motivos que tengan, tampoco nadie puede privar de la libertad a otra persona, salvo que esté consciente de que sobre él caerá todo el peso de la ley. Se espera que de este caso salgan los responsables y se les castigue conforme a derecho. Eso será sentar un precedente de autoridad y de mano firme.
Pruebas latentes
La definición de los responsables tanto en el gabinete legal como ampliado de la administración estatal, debió haber pasado por el rasero de la experiencia y las tablas en tareas de gobierno. Llegar a un área completamente ciego del conocimiento de lo que se hace ahí o cómo opera la misma, no es algo digno de aplausos sino de preocupación. Un ejemplo es haberle otorgado la dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), al edil con licencia de Juchitán de Zaragoza que, por lo que se sabe, no tiene ni remota idea de la educación pública, de la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje o de la relación con la beligerante Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que lleva 42 años en su intento de asumirse como un poder fáctico, capaz de doblar al gobierno estatal en turno.
Sin duda alguna, como ya hemos dicho, el gabinete de Salomón Jara se ha calificado como de bajo perfil, inexperto y sin tablas en la administración pública. Sólo hay que ver los cargos asignados en el gabinete ampliado para darse cuenta del riesgo que implica que decenas de nuevos y flamantes funcionarios lleguen a diversas áreas sin la menor idea de su manejo. Ni formación académica, ni experiencia laboral. Es decir, llegan ciegos de sus responsabilidades, sólo haciendo alarde de su padrinazgo, pues lo mismo hay esposos de alcaldesas, que hermanos, cuñados, amantes y novias. Ése es su gran mérito. Tal parece que nadie le sugirió al ejecutivo estatal buscar perfile adecuados para el cargo, sino que al parecer se otorgaron al azar, como es el caso del IEEPO.
El pasado jueves 8 de diciembre, en el patio central del Palacio de Gobierno se dio el primer encuentro entre la nueva dirigencia del llamado también Cártel 22 y el gobierno estatal. Días antes de su toma de protesta como gobernador, Jara Cruz saludó a la misma y abrió la posibilidad de entablar pláticas. Si bien es cierto que el encuentro tuvo el perfil de un acercamiento institucional, lo cierto es que, para el gremio magisterial, fue la ocasión para emplazar al gobierno a cumplir con lo que la dirigencia seccional considera el fruto de su lucha. Obviamente, no será tarea sencilla para un bisoño e inexperto Emilio Montero Pérez, sentarse a negociar o dialogar con un segmento históricamente beligerante y obtener lo mejor para la administración que representa.
