El pasado 27 de noviembre y luego de cuatro días de deliberaciones, se despejó la incógnita respecto a la nueva dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fue electa como Secretaria General de dicho gremio, una mujer. Maestra en Lingüística, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social -el CIESAS-, además, indígena de la etnia ayuuk o mixe. Pese al mérito notable de que sea una mujer que, por primera vez en la historia del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación, está a la cabeza del Comité Ejecutivo Seccional, todo indica que vuelve por sus fueros el discurso beligerante, ese radicalismo pernicioso del que el pueblo oaxaqueño está harto. Esto implica que la calma chicha que se mantuvo durante al menos los últimos cuatro años, con ciclos escolares completos y discreto activismo magisterial, se trastocará en calendarios de lucha y cierre de escuelas.
Esto es, pareciera que dicho gremio pretende recuperar fueros o privilegios, como aquella concesión que contra derecho le fue concedida a la Sección 22 en 1992, de designar a funcionarios en el IEEPO y que les fue arrebatada en 2015, por disposición de la Secretaría de Educación Pública. La respuesta vino poco después. El 19 de junio de 2016, con los hechos de Asunción Nochixtlán y la consecuente victimización. Lo que no ha quedado claro a los sectores radicales del magisterio, ése que se asume revolucionario, pero que si no le depositan a tiempo su quincena da de brincos, es que su lucha social debe encaminarse no a pedir la libertad de los presos políticos, o desenterrar el hacha de guerra para castigar a quienes dicen son responsables de la represión en 2006, sino a cómo mejorar la calidad de la educación, en beneficio de educadores y educandos.
El pueblo oaxaqueño –y ahí debe centrarse la política del nuevo gobierno- ya no quiere más escuelas cerradas ni alumnos en sus casas y maestros en las calles. El rezago educativo que arrastra la educación pública y que se remonta a 42 años, no es por la pobreza, ni la falta de conectividad, ni la inconformidad social, sino por la irresponsabilidad de quienes tienen a su cargo, ser el eje del proceso enseñanza-aprendizaje. La negociación de plazas y privilegios que antes se hacía con gran opacidad entre sindicato y autoridades, ya no es posible. El gobierno federal ha cedido importantes beneficios, seguramente convencido de que los maestros harán su parte. Pero no.
Ir a fondo
El sábado 26 de noviembre, se dio un hecho en sí mismo deleznable: un líder del transporte concesionado fue ejecutado en la agencia municipal de San Juan Chapultepec. Como efecto colateral las balas criminales segaron la vida de dos mujeres, incluyendo una menor de 14 años de edad. Lo último generó una justificada indignación social, pues tal parece que segar vidas inocentes se ha convertido en motor de impunidad. De estos hechos, serán las autoridades las que descubran móviles y responsables. Sin embargo, los sindicatos del transporte en Oaxaca y sus disputas por concesiones u obras, han dejado en los últimos años un directorio numeroso de hechos criminales. Es contrario a todo principio de derecho que los dirigentes se paseen por la ciudad o el estado, en vehículos blindados y con aparatosas escoltas armadas. ¿Quién les ha otorgado esos privilegios? Pues el gobierno, que en el pasado reciente aplicó a los mismos la máxima de Juárez: “a los amigos justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Sindicatos mafiosos les llamó el presidente López Obrador. Los hechos ocurridos recientemente, así como los crímenes del pasado, deben llevar al nuevo gobierno a sentar precedentes de autoridad. Ni compadrazgos ni amenazas deben privilegiarse. Antes de que pongan en riesgo la gobernabilidad y la paz social, debe prevalecer la aplicación estricta de la ley. Sindicatos y confederaciones no deben regirse por un estatuto aparte. En este país, al menos en teoría, nadie está por encima ni más allá de lo que marca la ley. Lo que hace falta para detener este añejo baño de sangre es el manotazo sobre la mesa. Lo mismo en quienes detentan las concesiones del transporte público, cuya propiedad la tiene el Estado quien sólo las otorga en usufructo. Cualquier acción en contra de sus dirigentes y de inmediato ahorcan la ciudad con bloqueos.
Esperemos pues que el gobernador recientemente ungido como tal, tenga la entereza suficiente para meter orden, más allá de ofrecimientos de alianzas y beneficios que, seguramente ya le han ofertado. Sindicatos y confederaciones sin distinción; dirigentes y cabilderos de los mismos, deben ser medidos por la misma vara y tasados por el mismo rasero. Solaparlos conlleva el riesgo que ya hemos padecido: que se asuman en poderes fácticos que devienen pronto amenazas a la sociedad, a las libertades y al desarrollo. Pero, sobre todo, entes intocables que lo mismo amenazan que asesinan impunemente.
