Desde hace algunas semanas habíamos insistido en que dos de las obras relevantes de la administración que terminó se encontraban en una fase que no les permitiría ser entregadas al pueblo oaxaqueño. Nos referimos al llamado Circuito Interior y a la Avenida Símbolos Patrios. Con el propósito de no dejar cabos sueltos de su régimen, el ex gobernador Alejandro Murat procedió el martes 29 de noviembre a dar por terminados los trabajos en las citadas obras, sin que las mismas se hayan concluido del todo. El Circuito Interior muestra las huellas de la celeridad y la mala calidad. En nuestras páginas hemos destacado las protestas de vecinos de algunas colonias y agencias municipales por donde pasa, que han señalado hundimientos y una pésima calidad de los materiales. En lo que se refiere a Símbolos Patrios, movió a hilaridad en usuarios de redes sociales que, a poco de haber sido inaugurada, fue nuevamente cerrada para continuar con los trabajos.
Todo lo anterior desató severas críticas que hoy, parecen ser a bola pasada, pues tal parece que se trató de sorprender la buena fe de los oaxaqueños. Y no es imputable al ex gobernador, sino a los responsables de las dependencias que tuvieron a cargo si no la ejecución, al menos la vigilancia de la misma obra. Desde hace mucho se sabía que una de las citadas obras “emblemáticas” nada más no avanzaba, por el contrario, había desatado una serie de protestas de comerciantes y propietarios de pequeños y medianos negocios que estaban resultando afectados por el tiempo en que dichas obras no se concluían. Decenas de los mismos prefirieron cerrar; otros, con muchos sacrificios los mantuvieron, pero a costa de pagar los daños. Es más, hasta un joven murió al ser sepultado por un alud de tierra.
Es una tarea en puerta para el gobierno de Salomón Jara realizar las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades respecto a la referida obra de Símbolos Patrios que, a juicio de muchos fue innecesaria, onerosa y controvertida, pero, sobre todo, sus efectos colaterales fueron graves. Lo peor de todo es que, como ya hemos dicho, fue objeto de una ceremonia inaugural sin haber sido concluida del todo, lo que fue interpretado como una tomada de pelo y de abuso a la buena fe ciudadana. Se espera que los sabuesos que estarán laborando en la Secretaría de Honestidad y Transparencia, hagan su trabajo para documentar las irregularidades.
A revisar cuentas
Si bien es cierto que hace un par de semanas, con motivo del centenario del fallecimiento del revolucionario oaxaqueño, Ricardo Flores Magón, el presidente Andrés Manuel López Obrador, festinó una transición pacífica y sin sobresaltos en Oaxaca, entre el ex gobernador Alejandro Murat y el ejecutivo estatal actual, Salomón Jara y luego de una entrega-recepción en la que sólo se han detectado nimiedades, la situación obliga al nuevo gobierno a realizar una investigación exhaustiva sobre el uso y abuso de los recursos públicos, sobre todo en 2022, llamado con ironía “El año de Hidalgo”, que es lo mismo a que es un torpe el que deje algo. La rapiña, dicen fuentes del mismo gobierno pasado, estuvo a todo vapor. Áreas educativas en donde los titulares seguían cobrando de empleados fantasmas o comisionados de las pasadas campañas electorales, que significan decenas de millones de pesos.
Una de las áreas sensibles de dicha práctica fue la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), con muchos millones de pesos en entredicho, justamente por la realización en apariencia de 207 obras de beneficio social, pero cuya muestra está en las dos obras controvertidas que mencionamos en el segmento anterior. Una de las tareas que el nuevo gobierno debe emprender es indagar el destino de los 3 mil 500 millones de pesos que le fueron autorizados solicitar a la banda privada al ex gobernador y que habrían sido canalizados a la referida dependencia. Bajo esa premisa se puede entender que haya una deuda pública a largo plazo de 20 mil 629 millones de pesos y que para el ejercicio 2023, se hayan etiquetado recursos por 1 mil 929 millones de pesos para el pago de dicha deuda.
Sin ánimo de abrir la puerta al revanchismo político, la persecución o la llamada cacería de brujas, es necesario dejar en claro que es crimen de lesa humanidad robarles a los más pobres. El ex gobernador tuvo confianza plena en un equipo de trabajo, en donde se presume hubo malos servidores públicos que defraudaron dicha confianza y se aprovecharon de ella para saquear el erario. El hecho de que haya obras inconclusas o de mala calidad exhibe una evidencia de corrupción que debe ser castigada conforme a derecho. Sobre esos malos servidores públicos debe dejarse caer todo el peso de la ley, pues como ya se ha dicho, es una burla que se inauguren obras sin que las mismas se hayan concluido del todo. Es decir, trabajos a medias y malhechos.
