Carla Humphrey, consejera electoral a resaltó algunas de las fortalezas que tiene el INE, “porque creo que estamos en un debate polarizado respecto a lo mejor, no solamente lo relativo a costos o a tamaño”.
Creo que estamos en un debate polarizado respecto a lo mejor, solamente a costos, a tamaño, a cómo se organizan las elecciones, por lo que era importante señalar la gran cantidad de funciones que inciden en los procesos electorales, afirmó.
Subrayó que también sirven para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, dado que también generan certeza en la fiscalización de las campañas electorales.
De igual forma afirmó que el padrón electoral debe ser confiable y la ciudadanía debe tener la certeza sobre eso, y no es posible que una autoridad tenga el control sobre el como se plantea.
Otras vez como hace más de 30 años, eso se pone en riesgo independiente del partido que lo lidere y el Instituto Nacional Electoral garantiza la protección de los datos personales”, lanzó.
Sostuvo que hay muchas acciones que no se ven y que se efectúan aún en tiempos que no son electorales.
Humphrey consideró que con la reforma electoral propuesta por el ejecutivo federal sí plantea la desaparición del órgano electoral federal, sumado a que es inviable la elección de consejeros a través de voto abierto.
No se trata de una situación de popularidad , sino de experiencia técnica, de profesionalismo y no se puede ser candidato, porque se pierde la autonomía y credibilidad del árbitro electoral”, enfatizó.
Dijo que al ir a campaña se requieren hacer compromisos y de ahí que la Constitución marca toda una ruta legal, ajena al voto popular.
La víspera, el Instituto Nacional Electoral (INE) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a las garantías de autonomía del INE.
La Recomendación General 46/2022 de la CNDH, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2022, involucra al Instituto Nacional Electoral, aun cuando el artículo 102 de la Constitución, apartado B, el cual establece que los organismos de protección de los derechos humanos “no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”.
