Sin ánimo de polemizar, dado que un diario serio y profesional como es EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, que en unos días cumplirá 71 años de existencia, no milita ni es apéndice o vocero de partido político alguno, lo cierto es que buscar culpables de la problemática de la basura donde no los hay, se nos hace no sólo un absurdo sino una estupidez. El primer aviso de la crisis reventó el diciembre de 2021, en virtud de la falta de pago de aguinaldos y emolumentos ya trabajados, por parte del anterior edil, Oswaldo García Jarquín. Aunque desde antes se sabía que el relleno sanitario ubicado en jurisdicción de la Villa de Zaachila estaba a punto de llegar a su grado máximo de capacidad. Pero nadie hizo caso, menos el antecesor del actual edil, Francisco Martínez Neri, que nadó de muertito sin decir nada solo desfalcar al ayuntamiento que presidió.
Estar buscando hoy culpables de la crisis que vivimos y que no sabemos cuándo se resolverá luego de los palos de ciego del munícipe, es un absurdo. Por supuesto que hay intereses políticos y hasta del mismo partido del que es militante el edil de la capital. Es obvia la actitud de los munícipes emanados del propio partido que le han dado la vuelta. Sin acusar sin pruebas hay mayores evidencias de que el complot esté fraguado en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que en cualquier otro partido o grupo político. Lo que a la ciudadanía compete es que dejen de andar buscando culpables, a la manera de López Obrador que, a cuatro años de gobierno sigue sin reencauzar al país por la vía de la civilidad y la conciliación.
Ni al pueblo mexicano menos al oaxaqueño lo satisfacen con esos falaces argumentos. Cada quien debe labrar en el cargo que la voluntad popular les entregó en bandeja de plata su propio destino. Ya basta de hacerse víctimas, ya basta de maquillar su incapacidad y torpeza buscando culpables de lo que no han podido hacer. Estamos viviendo otros tiempos, otras épocas, ya no el oscurantismo del pasado, aunque tal parece que la regresión sigue siendo una tentación ominosa de quienes siguen ganando elecciones, tal vez durante mucho tiempo, pero en la realidad no saben gobernar. Así de simple. Por ello, para lavarse las manos buscan culpables o responsables, porque una cosa es ganar en las urnas y otra, muy diferente, es mamar pueblo, del que tanto vociferan, pero, del que también tanto abjuran.
Organizaciones sociales, ¿qué hacer?
Hasta el final de esta administración, se ha dado el chantaje y la protesta de diversos grupos de presión y organizaciones sociales. Su objetivo se ha centrado en la Secretaría de Finanzas, a donde acuden a recibir los millones que, cada año, les autorizan para supuestos proyectos de las comunidades que dicen abanderar. Y ante la cercanía del fin de esta administración, como ya hemos comentado, los dirigentes enloquecen pues quieren su aguinaldo para poder sobrevivir hasta en tanto le miden con la siguiente administración y vuelven a la carga. El tema no es nada sencillo. Se sabe que el gobernador electo ha conversado con algunos de los cabecillas a quienes hemos ubicado como falsos redentores sociales, a quienes les pidió concluir con lo que tienen pendiente y reunirse con él en los meses de marzo o abril.
Para el siguiente gobierno será un reto, sin duda alguna, revertir la inercia con la que se han movido dichas organizaciones y grupos de presión. Desde hace al menos tres sexenios han vivido como reyes de lo que le exprimen al régimen en turno. Y cada día piden más. Se sabe que para este 2022 les fueron autorizados 500 millones de pesos, de los cuales hay dos organizaciones que se quieren llevar la mayor tajada: el Frente Popular Revolucionario (FPR) que exige 150 millones de pesos y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), que no cede en su presión de pedir al menos 100 millones de pesos. Y de ahí para adelante. Por ejemplo, el Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), un membrete manejado por un vivales cuyo hermano fue asesinado hace al menos 12 años en Tuxtepec, pide 40 millones de pesos. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿con cargo a qué o con qué representatividad exigen dinero público, de nuestros impuestos?
La única forma de acabar con esta permanente extorsión y amenaza es aplicando la ley y poner en práctica lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha instruido en torno al reparto y otorgamiento de recursos públicos: deben ser entregados de manera directa y sin intermediarios. Ante la amenaza de desestabilización, de bloqueos carreteros o a oficinas públicas, la alternativa es el diálogo y cuando éste se agote, el uso de la fuerza. Pero ya basta de engordar a una casta maldita de vividores con los recursos que son necesarios para paliar la pobreza o en obras en comunidades marginadas.
