Los citadinos seguimos padeciendo los servicios de un transporte urbano obsoleto, deficiente y oneroso. En lo que fue considerado como un burdo y torpe oportunismo, algunas empresas del llamado “pulpo camionero”, aprovechando la transición gubernamental en puerta, de manera unilateral e ilegal, obligaron a sus operadores a exigir a los usuarios el pago de 10 pesos y no los 8 autorizados. Nadie duda que hemos estado viviendo una espiral inflacionaria terrible y poco vista desde hace al menos dos décadas; que hay un elevado costo en el diesel, la gasolina y demás insumos para las unidades. Es decir, es innegable que el aumento se justifica, pero no de manera unilateral sino previamente concertado con las autoridades, habida cuenta de que son ellas las que autorizan o suspenden las concesiones, que son sólo para el usufructo y no propiedad particular.
Desde hace años, el usuario cotidiano de dicho medio de transporte ha denunciado el mal estado de muchas unidades, particularmente de las empresas renuentes a incrementar tarifas, que el pasado primero de noviembre, propinaron un revés a la industria turística local, al montar poco más de 20 bloqueos en la ciudad. Los incrementos pasados, autorizados de común acuerdo con los permisionarios del “pulpo”, se daban después de minutas de trabajo en las que se establecían compromisos de renovar el parque vehicular o darle prioridad a la capacitación de los operadores de las unidades, muchos de los cuales siguen tomando las calles y avenidas como pistas de carreras o leen mensajes en el celular cuando van conduciendo o, en fin, tienen en su haber accidentes e incluso, homicidios culposos, por conducir a velocidades no permitidas.
Es evidente pues que más allá del alza en los costos de la vida, un incremento en el precio del transporte representa un golpe adicional a los más desprotegidos, que son los usuarios cotidianos de este transporte. Sin embargo, exigir elevar costos del pasaje por la cadena de inflación que padecemos debe ir acompañada de una propuesta de parte de los concesionarios. Ésta no debe ser desafiar al gobierno, sino de manera razonada proponer mejoras en el servicio, las condiciones físicas de las unidades y un trato respetuoso al usuario. Esto es, así como se dice que el costo de 8 pesos ya tiene años sin incrementarse, también hay unidades que son vil chatarra y que luego del uso de cerca de 30 años, deben ser sustituidas.
Crisis interminable
El pasado primero de noviembre, a raíz de la crisis sobre la basura que ha golpeado duramente a los servicios al turismo, al gobierno y a la ciudadanía, escuchamos una buena noticia: las autoridades finalmente consiguieron un predio para depositar los residuos sólidos. El anuncio lo hizo el gobernador del estado, Alejandro Murat. Se trata, se dijo, de un predio que bien utilizado, puede tener una vida útil de hasta veinte años. El lugar y las dimensiones no fueron revelados. Sin embargo, la falta de tacto político, de negociadores avezados y con tablas, entramparon la solución. La crisis continúa y los presidentes municipales de la zona conurbada, la mayoría de ellos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), le han dado la espalda a su correligionario y homólogo Francisco Martínez Neri. Especialistas sobre el medio ambiente hicieron, en su momento, llamados a las autoridades y, no es un secreto, que algunos funcionarios buscaron un lugar adecuado para habilitarlo como relleno sanitario. Y desde hace años se mencionaron lugares para el mismo.
Para muchos fue un alivio saber que dejaremos de ser rehenes permanentes de dirigentes y vecinos que por quítame estas pajas, cerraban los accesos del tiradero de basura. Sin embargo, seguiremos como tales de líderes sin escrúpulos, particularmente de los dirigentes del “Sindicato 3 de marzo” que, en los últimos días, han mostrado su bajeza. Arrojar sus camiones de basura en el Centro Histórico, en el Paseo Juárez “El Llano” o desfilar con sus carritos por el Andador Macedonio Alcalá para dejar su carga en el zócalo, revela en sí no sólo conductas enfermizas sino una ominosa complicidad política, que conlleva un fin torcido y doloso: fustigar la economía, la estabilidad política y la paz social. Es decir, está más allá de cobrarle al edil de la capital su apatía u omisión para resolver la crisis.
Se entiende, la recolección de los desechos sólidos siempre ha sido un boyante negocio. No es un secreto, la venta del cartón, del vidrio, de envases de PET, es una rica veta. Tampoco es un misterio la recolección privilegiada en restaurantes y negocios, en donde hay lana de por medio. Que las últimas acciones pues, no se quieran maquillar con demandas genuinas. La crisis de la basura nos ha pegado a todos por igual. Unos en las calles y otros en sus hogares, seguimos ahogados en basura. El gobierno local, hasta el momento, sólo ha dado palos de ciego.
